Se ha dicho que la Constitución de 1991 es una colcha de retazos. Yo de derecho constitucional se tanto como de física cuántica, o menos. Algunos amigos míos, ellos si inteligentes y conocedores sostienen que el peor invento de los constituyentes fue la tutela. Yo no estoy muy de acuerdo. La institución de la tutela es buena, el abuso de la tutela terrible. Cada vez que la Corte Constitucional emite un fallo garantista, sus críticos sostienen que esa Corte es el peor invento de la criticada constitución. Tampoco lo creo. Sin la Tutela y la Corte Constitucional el respeto de derechos fundamentales en Colombia estaría en pañales.
La otra creación de la constitución del 91 es la Fiscalía General de la Nación. Otra institución que ha recibido mucho palo. Veamos.
Cuando fui director del Instituto de Bienestar Familiar el fiscal general era el doctor Alfonso Gómez Méndez. Con él y con el equipo de la fiscalía se logró una relación fluida. Se le dio atención a tres asuntos fundamentales, los casos de abuso sexual en los hogares comunitarios, bastante frecuentes por esos tiempos, la violencia intra familiar y el programa Haz Paz y la atención a niños y niñas desvinculados del conflicto armado. Con un decidido apoyo de la fiscalía se crearon las primeras Casas de Justicia. Siempre Tuve la sensación de que en Colombia contábamos con una fiscalía entregada y eficiente.
En 2003, otro gallo cantó. Por iniciativa de la directora del ICBF, que estaba decidida a perseguir todo lo que tuviera que ver con mi gestión, fui acusado de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos. Acusación totalmente falsa como lo demostrarían la resolución e archivo del proceso disciplinario por parte de la procuraduría y la sentencia absolutoria, con regaño a la fiscalía por haber presentado una acusación infundada y por haber insistido en llevarme a juicio incluido. La fiscal encargada del caso se empecinó en acusarme, cuando las pruebas demostraban, todas, mi inocencia. La sentencia “salió” en 2008. Pasé pues cinco años con la espada de Damocles de una posible medida de aseguramiento. Me despertaba con frecuencia en medio de la noche sudando por el terror que me producía tal situación. Yo vivía en Suráfrica pero sabía perfectamente que ante una medida de ese tipo no me quedaría más remedio que regresar al país y dar la cara.
En esa época busqué a Luis Camilo Osorio quien era el fiscal general, habíamos trabajado juntos en la política conservadora bogotana en los ochentas. Me dijo muy tranquilamente “Lo siento mucho Juan Manuel. Yo vigilaré que no se cometan injusticias, pero debes recordar que los fiscales son y deben ser autónomos”
Regresé a Colombia en 2010, bajo la dirección de Mario Iguarán la fiscalía había dado golpes importantes a los políticos involucrados con los paramilitares. Luego comenzó la caída libre. Con la politización del sistema judicial y la corrupción rampante en la Corte Suprema, en esos tiempos empezó el reino del cartel de la toga, la elección del fiscal se convirtió en un sainete. Primero estuvo de fiscal encargado Guillermo Mendoza, a ese se le fue el tiempo tratando de juzgar a los asesinos de Colmenares, sin ningún resultado. LA corte eligió a Vivian Morales, y esa tan solo duró un año, le tocó renunciar. Otro encargo y luego la hecatombe. Primero con Eduardo Montealegre, luego con Néstor Humberto Martínez y ahora con el fiscal paseador cuyo viajecito a San Andrés había tenido antecedentes. En efecto cuando fungía como consejero presidencial hizo abrir Caño Cristales para llevar a su chiquita. Eso de por sí hubiera debido ser suficiente para no elegir fiscal a un personaje tan indelicado.
Con estos tres fiscales la institución se dedicó a los preacuerdos porque es incapaz de llevar a nadie a juicio. Se le salen los reos como la gelatina de las manos de un niño, por entre las rendijas del vencimiento de términos. En cambio, cada uno de ellos ha logrado avanzar su agenda personal sin obstáculos.
Montealegre favoreció a su compinche Carlos Palacino, en el caso de Saludcoop, uno de los peores casos de corrupción que yo recuerde. No es exagerado decir que el asalto a las arcas del sistema nacional de seguridad social en salud que cometió Palacino, con Montealegre de asesor, aceleró la crisis que hoy lo tiene postrado. Obviamente con esos antecedentes a Montealegre no han debido elegirlo como fiscal, pero la corte estaba en otro cuento.
A Montealegre los reemplazó Néstor Humberto que logró algunos avances. Pero tenía su propia agenda, tapar a como diera lugar la participación de su patrón en los escándalos de corrupción de Odebrecht y de paso si posible enredar cualquier investigación de ingreso de dineros “sucios” a las campañas de Santos Presidente 2010 y 2014.
Y a Montealegre después de otro largo encargo, el de Fabio Espitia, lo reemplazó el fiscalito paseador Barbosa. Él en cambio tiene tres agendas. Una pasear todo lo que pueda con su hijita consentida a quien usa y usará de escudo cada vez que se le cuestione un paseo. Dos consolidarse como el segundo hombre más importante de Colombia. Tres, asegurar que el escándalo de la Ñeñe política no toque al hombre más importante de Colombia, no Duque no, Uribe.
Fiscales con agenda, fiscales con antecedentes. Realmente ninguno de los tres últimos fiscales elegidos por una Corte Suprema de Justicia politizada y corrupta, deberían haber sido elegidos fiscales, los tres tenían serios impedimentos, los tres tenían antecedentes. Los tres tendrían que investigar a quien no querían investigar y a los tres los metieron a la fiscalía a cumplir con su agenda. Lo demás vino por añadidura.
