Colombia ha vivido desde los años cincuenta lo que unos han llamado “el conflicto”. Se me ocurre que lo que Colombia ha sufrido los últimos setenta años por lo menos son “las violencias”. Violencias que se mezclan, se confunden, se separan, se recrudecen. Violencias ejercidas en sus casas contra las mujeres, contra los niños. Violencias callejeras. Violencias ejercidas en nombre de los pobres, violencias ejercidas para defender a los ricos. Todas esas violencias se fueron recrudeciendo con un factor común, el narcotráfico.
El narcotráfico ha contaminado a todos los estamentos de la sociedad desde los tiempos de “los marimberos”, en su mayoría de la costa norte en los años setenta, hasta la “toma” de ciertas zonas del territorio colombiano por un enjambre de grupos con diversos nombres, elenos, pelusos, disidencias, bandas criminales (bacrims) que están todos de una u otra forma ligada a los cárteles internacionales de la droga.
Los dineros del narcotráfico han asesinado campesinos, futbolistas, periodistas, policías, oficiales de todas las fuerzas, políticos, ministros, magistrados y candidatos presidenciales.
Los dineros del narcotráfico infiltraron las guerrillas y compraron la masacre de los magistrados en la toma del palacio de justicia. Los dineros del narcotráfico contaminaron a las FARC y al ELN y a las Autodefensas y cuanto bandido vio el lucro posible.
Así llegamos al nuevo milenio, con un país sometido a todas las formas de violencia, casi todas impulsadas por el narcotráfico.
La elección de Andrés Pastrana como presidente de Colombia en 1998 estuvo marcada por la expectativa de un posible proceso exitoso de negociaciones de paz con las FARC. Una reunión del candidato Pastrana con el líder de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo luego de una primera vuelta en la que a Pastrana no le había ido tan bien como esperaba, volteó la torta. Lo demás es historia conocida. El proceso de paz de Pastrana fue un rotundo fracaso. Pastrana, sin embargo, logró conseguir el apoyo del gobierno de Bill Clinton para el Plan Colombia que fue la base para que su sucesor, Álvaro Uribe, desarrollara la “doctrina” de la Seguridad Democrática.
Desde que existe esta columna siempre he sostenido que Uribe ha sido el mejor presidente de Colombia de los últimos años; y al mismo tiempo el peor. El primer mandato de Uribe fue un mandato de resultados, de recuperación de la confianza, de incremento de la inversión extranjera. El segundo, un mandato de trampas, falsos positivos, negocios “raros” de sus hijitos, chuzadas, persecución de sus detractores y otras “bellezas”.
Uribe no ha sido, ni es, ni será, nunca, santo de mi devoción.
Por estos días ha empezado a circular en eso que llaman las redes una “producción” que pretende mostrar a Uribe como un “genocida”. Bien la define la Silla Vacía como una producción opaca y militante. No la voy a ver porque me parece que el solo hecho de llamar “matarife” a un expresidente de la república es inaceptable.
El término matarife se refiere a una profesión o a un trabajo totalmente legítimo. No creo que a un matarife que hace su trabajo a conciencia le divierta que usen su profesión para acusar a alguien de ser un genocida.
Pretender con suposiciones, tergiversaciones e interpretaciones opacas y militantes, calificar a un expresidente de la República de genocida es una grave falta a la ética que debe regir a un abogado serio y a quienes pretenden ser periodistas como los señores Guillén y Martínez.
Como lo planteo en la introducción de esta columna Colombia es un país de violencias. Uribe ha sido un actor permanente de esa historia de violencias. Como tal ha sido acusado, sin que nunca se le haya probado, de haber participado en la creación de las autodefensas y de haber tenido nexos con el narcotráfico. Acusaciones temerarias.
A Uribe le caben muchas responsabilidades políticas y las acusaciones y calumnias de una izquierda enceguecida, lo único que hacen es facilitarle la defensa.
Uribe es políticamente responsable de las maniobras sucias y delictivas de sus cercanos e influyentes colaboradores en los casos de la llamada Yidis-política y de las chuzadas de magistrados, opositores y periodistas, casos ambos juzgados y con culpables condenados.
Uribe es políticamente responsable por haber permitido y posiblemente promovido los excesos de los mandos militares que culminaron en los “falsos positivos”.
En lugar de tener que explicar su responsabilidad política, Uribe y sus seguidores se escudan en las falsas acusaciones como las del video en mención y con ellas crean una cortina de humo para no tener que explicar, lo que Uribe si debería explicar.
Me pregunto ¿Qué mueve a estos militantes a producir este esperpento?
Tendrá algo que ver con el hecho que el partido de Uribe, el Centro Democrático, está preguntando cositas como:
¿Qué pasó con los bienes que las FARC deberían haber entregado para la reparación pactada en los acuerdos de “paz?
¿Cuándo es que la JEP se va a ocupar de los crímenes de lesa humanidad denunciados por muchísimas víctimas de las FARC con la misma dedicación con que se ha dedicado a aquellos cometidos por miembros de la fuerza pública?
Como resultado de los acuerdos de paz se sientan en el Senado de la República, al lado de Álvaro Uribe, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez. Cada uno y cada una tienen acusaciones concretas por las que deberán responder. En mi caso he seguido de cerca aquellas que tienen que ver con las niñas y los niños. Todas los dejan bastante mal parados. Y por todas nos deben sus explicaciones.
Si a la extrema derecha se le ocurriera sacar una serie en Youtube llamándolos matarifes y acusándolos de genocidio, mi reacción sería la misma, eso es inaceptable.
Nadie debe estar por encima de la justicia, por lenta e ineficaz que esta sea, porque cuando las prácticas de los productores del video en cuestión se generalicen nos estaremos acercando a lo que un uribista de raca mandaca como José Obdulio Gaviria ha llamado el Estado de Opinión que es la antesala de las dictaduras de ideologías extremistas.
