Que no quepa la menor duda: el teatro político es mil veces más enredado y, para el observador de lejos, divertido y tergiversado que cualquier telenovela.
¿Prueba de ello? El drama presidencial en Guatemala, donde el presidente Alvaro Colom y su esposa Sandra Torres, con ocho años de casados y un noviazgo de seis, anunciaron recientemente su divorcio. ¿Su incompatibilidad? No por razones de conflictos temperamentales, diferencias irremediables, ni problemas conyugales; ni por amantes, hijos fuera de matrimonio, o infidelidad; ni tampoco por drogas ni alcohol.
Solo a causa de un artículo.
El artículo 186 de la constitución de la hermana nación centroamericana que establece que los familiares del presidente, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no pueden optar al cargo de primer mandatario.
Y sucede que Doña Sandra quiere ser presidenta de esa nación. Al parecer, más de lo que quiere seguir casada con Don Alvaro.
Entonces, la pareja presidencial ha presentado demanda de divorcio por acuerdo mutuo — y sin mantener secretas las razones, según informó un portavoz de la Corte Suprema de esa nación.
Pero allí no concluye el drama. La oposición ha ocupado el papel de terapeuta matrimonial. No mencionan lo positivo de la unión. Tampoco piden que reflexionen. “No vamos a permitir que se burle la ley y hagan fraude”, dijo un portavoz del opositor Partido Patriótico (PP), Otto Pérez Molina.
En la espera ansiosa del próximo capítulo.
