El anuncio por el Departamento de Justicia el jueves de que dejaría de usar prisiones prisiones privadas es un paso importante pero no basta con él, dijo el senador demócrata por Vermont Patrick Leahy.
Leahy ahora quiere que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) suspenda todos sus contratos con la red de prisiones privadas.
Por su parte, el representante demócrata por Arizona Raúl Grijalva ha dicho que, “Mientras que el DHS y los gobiernos estatales por todo el país no corten sus vínculos con estas corporaciones, la justicia en este país seguirá siendo socavada por las necesidades de lucro privadas y gente inocente seguirá sufriendo”.
“No solo se trata de detenciones injustas, es la explotación del cautiverio humano — incluyendo el de niños pequeños — por dinero”.
Según una nota en The Hill por Mike Lillis, miles de familias de inmigrantes que llegaron a EUA buscando refugio de la violencia en Centro América están detenidos en estos centros.
EUA tiene la población carcelaria más grande en el mundo. Los presidios privados han sido criticados como ineficientes y peligrosos.
The Hill provee cifras sobre las industria de prisiones privadas en EUA. Dice que de 195,000 presos federales, cerca de 22,100 (12% de la población) se encuentran recluidos en presidios privados. El Departamento de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) tiene más de 24,500 detenidos en centros privados — lo cual es el 73% de la población de detenidos de inmigración.
A nivel estatal, unas 91,000 personas se encuentran detenidas en presidios particulares.
Críticos del sistema de prisiones dicen que las compañías privadas no proveen educación, adiestramiento ni servicios de rehabilitación. Dicen que las condenas son más crueles.
Gran parte de los contratos con estas compañías con el gobierno han sido obtenido por las labores de cabildeo de tres compañías, el GEO Group, Corrections Corporation of America y Managemente and Training Corporation. Han gastado US$18 millones en la última década, indica The Hill.
Según la declaración del representante Grijalva, “La gente muere en estas facilidades porque las compañías se niegan a pagar por servicios médicos adecuados. La gente pasa hambre porque su único recurso para oponerse a las injusticias que sufren los reos es mediante las huelgas de hambre”.
Grijalva, Leahy, el Senador Bernie Sanders y muchos otros piden al resto de los gobiernos del país que sigan el ejemplo del Departamento de Justicia y suspendan los contratos con estas empresas.
