En lo que se considera una de las medidas anti inmigrante más severas del país, el gobernador de Georgia firmó la ley HB87, similar a la SB1070 de Arizona, que ordena a las autoridades locales y estatales investigar el estatus migratorio de “sospechosos”, impone serias restricciones a la contratación de personas, restringe los alquileres de vivienda y castiga a cualquier persona que transporte indocumentados.
El gobernador Nathan Deal dice que firmar la ley es un momento histórico. “Creo que la inmigración es un asunto que debería manejarse a nivel federal” escribe Jeremy Redmon en el Atlanta Constitution. “Pero dada la ausencia de medidas federales es un paso responsable”.
Los partidarios de la medida dicen que protege a los contribuyentes del estado que vienen sufragando los elevados costos de la inmigración de indocumentados a Georgia, con unos 425,o00 indocumentados, el séptimo en EUA con población ilegal, según Pew Hispanic Center.
Los opositores de la medida, por el otro lado, dicen que es inconstitucional al discriminar contra las personas de origen hispano. Igual que en Arizona, planean llevar el caso a los tribunales federales, de los cuales una corte falló en contra de la SB1070, afirmando que la inmigración debe manejarse a nivel estatal. Eso ha impedido que se implementen los aspectos más represivos de la ley, pendiente la apelación en la Corte Suprema de la nación.
En Arizona, igualmente organizaciones nacionales boicotearon el estado, causando al estado entre US$15 y US$150 millones en pérdidas.
En Georgia, la ley comienza a entrar en vigencia el 1 de julio.
