Mientras que un grupo de fiscales de la ONU quiere usar el caso de Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de Antigua, en Guatemala, acusado del presunto robo de millones dólares como escarmiento, otros temen que podría perjudicar el turismo, principal fuente de ingreso de la histórica ciudad colonial.
Según informa Randal C. Archibold en el New York Times, el burgomaestre ha sido acusado de fraude masivo mediante contratos inflados, empleos inexistentes, maniobras de contabilidad y nepotismo.
Fue detenido junto con nueva otras personas, entre ellos su cuñado, el mes pasado.
Dice el Times que es tal la seriedad de los cargos que enfrenta que las Naciones Unidas ha pedido a un equipo de fiscales que maneje el caso.
Francisco Dall’Anese, antiguo fiscal general de Costa Rica y quien encabeza la “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala” espera hacer de éste un caso ejemplar.
“La corrupción es tan aceptada en Guatemala”, dice el Times, “que pocos cuestionan una mordida aquí y otra allí. Pero los dirigentes cívicos habían encontrado al alcalde cada día menos tolerable”.
Fue perdiendo su reputación de eficiencia y compromiso, igual que el respeto de muchos por haber superado sus orígenes humildes para estudiar medicina y destacarse en la sociedad, dice el Times.
“¿Por que no se estaban reparando las calles de adoquines a pesar de que el dinero se había aprobado? ¿Por qué el nuevo proyecto de condominios a unas millas del centro había obtenido permisos sin el estudio ambiental requerido? ¿Por qué, frente a aumentos en el robo y la criminalidad, instaló la ciudad cámaras de seguridad disponibles en cualquier tienda, cuando se había prometido un sistema hi-tec?”
Y por qué, durante todo este tiempo, la fortuna personal del alcalde parecía aumentar drásticamente, señala el Times.
Las opiniones sobre el juicio al alcalde Vivar varían, apunta.
Algunos se preocupan por el efecto negativo que pueda tener en el turismo.
Otros dicen que no había necesidad de atacarlo con tanta saña.
Otros más creen que más que justicia, la fiscalía persigue titulares internacionales.
Y otros consideran que es muestra de que la democracia está comenzando a funcionar en Guatemala.