Se llama “confiscación civil” y otorga a las autoridades a expropriar el dinero o los bienes de cualquier persona cuando se sospeche de que se pudieron haber obtenido ilícitamente.
En teoría, escribe Sarah Stillman en el New Yorker, el objetivo es usar los mismos bienes — autos y similares — en la lucha contra el crimen.
En la práctica, sin embargo, los decomisos afectan desproporcionadamente a las minorías étnicas de EUA.
La mera sospecha de vender drogas les termina costando dinero, joyas, autos — lo que tengan sin esperanza alguna de recuperarlos.
Tenaha, Texas, se podría llevar el primer premio del país, dice. Pasar por allí es peligroso.
A nivel nacional, el año pasado casi US$4.2 mil millones fueron decomisados.
Estados como Texas, Georgia y Virginia escasamente restringen cómo las fuerzas de seguridad pueden usar el dinero.
Dice el New Yorker que casos como el del anciano de Philadelphia a punto de perder su casa porque su hijo presuntamente vendió drogas por valor de US$60 a un informante son bastante comunes.
En resumidas cuentas,
“Una propiedad no comparte los derechos con una persona. No hay derecho a un abogado ni tampoco, en la mayoría de los estados, hay presunción de inocencia. Los propietarios que deseen impugnar a menudo encuentran que el costo de contratar un abogado es muy superior al valor de sus bienes incautados. Washington, DC, cobra hasta dos mil quinientos dólares simplemente por el derecho a impugnar una confiscación policiaca en un tribunal, proceso que puede tardar meses o incluso años en resolverse“.
Foto cortesía gamma man via flickr
