Ejecutivos de la industria de las prisiones privadas en Arizona, cuya influencia alcanza al senado estatal y dentro de la misma administración de Jan Bremer, jugaron un papel clave en redactar y obtener la aprobación del congreso estatal de la polémica ley anti inmigrante en ese estado, informa NPR.
Dice NPR que bajo la ley, conocida como SB 1070, centenas de miles de inmigrantes sin documentos podrían ser detenidos en un sistema presidiario privado, lo cual representaría cientos de millones de dólares en ganancias para las empresas contratadas para alojarlos.
(La ley fue declarada inconstitucional por un juez federal, decisión que está siendo desafiada por los abogados de Jan Brem. Pero de volverse a implementar, exigiría que la policía detenga a cualquier persona que no pueda mostrar que están legalmente en el país).
El autor de la medida, el senador Russell Pearce, presentó en diciembre del año pasado el proyecto de ley a una reunión en Washington, D.C., de la organización llamada el American Legislative Exchange Council, conocido como ALEC.
Entre los participantes de la reunión se encontraban ejecutivos la Corrections Corporation of America (CCA) que el año pasado habían afirmado que esperaban “gran parte de nuestros ingresos” de las autoridades de inmigración y aduanas, que son las que detienen a las personas sin documentos, supo NPR.
Según NPR, una vez sometida la ley a la legislatura estatal, comenzó el cabildeo de ALEC en el senado de Arizona. Pronto tendrían más de 36 co-patrocinadores, 30 de los cuales habían recibido contribuciones de ALEC.
Cuatro meses después, el proyecto se convertía en la ley SB 1070, o la ley anti inmigrante de Arizona.
Agrega NPR que la gobernadora Jan Brewer tiene vínculos con las compañías de prisiones privadas. Los registros estatales de cabildeo muestran que dos de sus principales asesores – su portavoz Paul Senseman y su director de campaña Chuck Coughlin – son ex cabilderos de las compañías de prisiones privadas.
En los EUA, el sistema de cárceles privado es una industria multimillonaria con lucrativos contratos con los gobiernos federal y estatales.
