Robados de su capacidad de ganarse la vida desempeñando su oficio, acosados por una empeorante situación económica, al cumplirse un año del desastre de la plataforma de BP en el Golfo de México, decenas de miles de familias ahora tienen que cuidarse de hordas de abogados que, con los ojos puestos en un fondo de indemnización de US$20 mil millones, han entablado demandas de acciones colectivas sin el conocimiento de los damnificados.
Firmas de abogados, escriben Campbell Robertson y John Schwartz en el New York Times, adquieren los nombres de decenas de miles de personas sin su conocimiento ni la autorización. Gestionan y reciben los pagos, cobrándose generosas cuotas por su representación legal, en muchos casos sin el conocimiento de las personas que dicen representar.
Entre los miles de personas afectadas por esta situación, explica el Times, se cuentan muchos de los 30,000 pescadores vietnamitas, quienes además de enfrentar problemas de idioma, desconocen el laberinto legal de EUA.
Un administrador del sistema de reclamos dijo al Times que cuando “el abogado dice representar a un demandante y el demandante lo niega, se crea un obstáculo en la eficiencia y velocidad en emitir los cheques”.
Muestra el artículo del Times como el proceso está viciado en contra de los verdaderos damnificados de la fuga de petróleo que, además de arruinar la pesca, golpeó otras industrias regionales como el turismo, afectando a centenas de miles de personas. Estas firmas de abogados, afirmando representar a decenas de miles de damnificados (aunque sin el conocimiento de ellos), adquieren un puesto en el comité directivo del proceso de reclamos.
