Acuerdo transpacíficoAmy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur. Amy Goodman y Denis Moynihan

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Amy Goodman
Amy Goodman

El Presidente Barack Obama y los congresistas republicanos están de acuerdo. Sí, leyó bien. No, no están de acuerdo con respecto a la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, el presupuesto, las negociaciones con Irán o la igualdad salarial para las mujeres, sino en lo que respecta a los denominados tratados de libre comercio, que dan más poder a las empresas y disminuyen el poder de la población de gobernarse a sí misma en forma democrática. Esto ha enfrentado al presidente con sus habituales aliados del Congreso, los demócratas progresistas, que se oponen al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), uno de los tratados comerciales de mayor alcance de la historia. El TPP establecerá reglas que regirán a más del 40% de la economía mundial. Obama lo ha estado negociando en secreto, algo que no cayó bien a los demócratas.

La batalla en torno al TPP y a la TPA se está profundizando. Puede resultar confusa esta proliferación de siglas y, justamente, esa es la intención de las grandes empresas de Estados Unidos y el resto del mundo. Las políticas comerciales son intrincadas, complejas y casi el dominio exclusivo de los economistas y tecnócratas. Sin embargo, los acuerdos tienen fuertes repercusiones en la vida real. El Presidente Obama quiere que el Congreso apruebe el TPP, que es un amplio acuerdo comercial entre Estados Unidos y once países de la costa del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Para acelerar el proceso, el Presidente Obama está intentando que el Congreso le otorgue la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), también denominada “vía rápida”. La vía rápida delega al presidente la autoridad para negociar un acuerdo comercial y luego presentarlo ante el Congreso para que lo apruebe o lo rechace, sin que exista la posibilidad de proponer modificaciones. Una coalición cada vez más grande se está organizando en contra del TPP y de la solicitud del presidente de utilizar la vía rápida. El resultado de este conflicto tendrá repercusiones a nivel mundial durante varias generaciones.

Las negociaciones sobre el TPP se han mantenido en secreto. Lo poco que conoce la mayoría de las personas acerca del tratado es gracias a que WikiLeaks, el sitio web de divulgación de documentos secretos filtrados por denunciantes anónimos, publicó varios capítulos del acuerdo hace más de un año. Los congresistas tienen un acceso limitado a los informes sobre las negociaciones en virtud de estrictas normas de confidencialidad que, como ha ocurrido en al menos una ocasión, pueden incluir la amenaza de prisión si se filtran detalles.

El TPP es una versión ampliada de acuerdos comerciales anteriores como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por Estados Unidos, Canadá y México. El TLCAN, también conocido como NAFTA (por sus siglas en inglés), entró en vigor el 1° de enero de 1994 y fue tan perjudicial para la cultura y la economía de los pueblos indígenas de Chiapas, en México, que se rebelaron ese mismo día en lo que se conoció como el Levantamiento Zapatista. El intento de crear un acuerdo comercial de alcance mundial en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio dio lugar a una de las mayores protestas de la historia contra el poder de las empresas organizada en Seattle a finales de 1999. Miles de manifestantes formaron una cadena humana y literalmente impidieron que los delegados ingresaran a la reunión ministerial. La solidaridad sin precedentes que se materializó en las calles entre sindicalistas y activistas por el medio ambiente, a pesar de la violencia policial generalizada, hizo que las negociaciones de la OMC concluyeran en un fracaso absoluto.

De ser aprobado, el TPP pondría en marcha normas comerciales que harían ilegal que los gobiernos aprueben y apliquen leyes sobre todo tipo de asuntos, desde normas medioambientales hasta leyes salariales y laborales, pasando por la duración de los derechos de autor. Por ejemplo, una ley que prohíba la venta de mercancías fabricadas en maquilas en Vietnam podría declararse ilegal por considerársela como un obstáculo al comercio; o podría dejarse sin efecto la normativa que exige requisitos de certificación a los productores de madera en Malasia, para proteger a los bosques primarios de la deforestación.

Lori Wallach, del Observatorio del Comercio Mundial de la organización Public Citizen, es una de las personas más críticas del tratado:

“Lamentablemente, el TPP es un mecanismo de aplicación de muchas de las cosas que quieren [el líder de la mayoría del Senado Mitch] McConnell y los republicanos. Por ejemplo, aumentaría el tiempo de duración de las patentes de las grandes empresas farmacéuticas, lo que significaría que obtengan ganancias excepcionales, pero provocaría un aumento de los precios de los medicamentos. El acuerdo implicaría un retroceso en la regulación financiera de los grandes bancos. Además, podría limitar la libertad del uso de Internet, introduciendo subrepticiamente la Ley para Detener la Piratería en Internet (SOPA, por sus siglas en inglés). Otorgaría privilegios y derechos especiales a las empresas extranjeras para que puedan evitar ser enjuiciadas en nuestros tribunales y puedan demandar al gobierno de Estados Unidos para obtener una indemnización si consideran que las leyes medioambientales o de protección de la salud de los consumidores perjudican sus ganancias futuras, lo que se conoce como el sistema de solución de controversias ‘inversor-Estado’. Además, tendría normas parecidas a las del TLCAN que facilitarían la externalización del empleo, facilitando así que las empresas se trasladen a países donde se pagan salarios bajos. De modo que cabe preguntarse ¿por qué el Presidente Obama quiere el TPP? Está bastante claro por qué McConnell lo quiere. Se negoció con la ayuda de 600 asesores comerciales de empresas de Estados Unidos. El acuerdo se profundizó por iniciativa del Gobierno de Obama. Lo inició [el ex presidente George W.] Bush, pero en lugar de cambiarlo y hacer algo diferente, el Gobierno de Obama lo retomó y, honestamente, lo empeoró”.

Los movimientos sociales se están organizando para oponerse al TPP y a la vía rápida. Su trabajo abarca diversos temas: derechos humanos, libertad en Internet, comercio justo, derechos laborales y medio ambiente. Los intereses económicos en Washington reciben toda la atención del presidente, de modo que apenas tienen que suspirar para que se los escuche. Es hora de que la población alce sus voces al unísono y exija ser escuchada.

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