A fin de reducir la asistencia del gobierno federal a las familias pobres, el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, ha recomendado aumentar el alquiler para los inquilinos de bajos ingresos que reciben subsidios de viviendas. La medida también busca imponer requisitos de empleo para estas familias.
La medida es parte de un ambicioso esfuerzo por parte de la administración Trump que algunos llaman la “reforma del sistema de bienestar 2.0”, informa el Washington Post. Para implementarse, requiere la aprobación del Congreso.
Afectaría a 4.7 millones de familias que dependen de la asistencia federal de vivienda, aunque cerca de la mitad (los mayores de 65 años y aquellos con discapacidades) estaría exenta de los aumentos en el alquiler durante los primeros seis años y estarán exentos de los requisito laborales.
Carson, un destacado neurocirujano millonario y quien fue precandidato republicano a la presidencia, sostiene que su propuesta, que también afecta a los cupones de alimentos y la asistencia médica Medicaid, sería una mejora sobre el sistema de bienestar público existente.
“El sistema que se utiliza actualmente para calcular la ayuda para el alquiler de una familia está quebrado e impide el progreso de las mismas personas que se supone estar ayudando”, dijo Carson en un comunicado que publica el Chicago Tribune. Sin embargo, la medida podría aumentar el alquiler mensual para algunas de las familias más pobres por entre US$50 y US$150 mensuales, lo cual ha generado alarma entre los defensores de los derechos de los inquilinos.
“Nos encontramos en medio de una crisis de vivienda cuyo impacto más negativo lo sienten las personas con ingresos más bajos, y no deberían considerarse propuestas para aumentar su carga de alquiler,” dice Diane Yentel, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos. Jack Cooper, director ejecutivo de la Unión de Inquilinos de Vivienda Pública de Massachusetts, dijo que la propuesta es “una guerra contra las personas de bajos ingresos”.
