Reproducimos un extracto de una nota publicada por Vivian Yee en el New York Times en español. La pareja le mostró al funcionario de migración sus pruebas —los ocho años de fotografías en Facebook, el certificado de nacimiento de su hijo de 5 años, las cartas de sus parientes y amigos reafirmando su compromiso— y estaban tan cerca, pensó Karah de Oliveira, de ser una pareja normal.
Trece años después de que su esposo recibiera una orden de deportación a Brasil, su lugar de nacimiento, el reconocimiento oficial de su matrimonio le permitiría, con unas cuantas firmas, poder decir que es estadounidense. Con residencia legal, podrían comprar una casa y pedir un préstamo al banco. Podrían subirse a un avión. Podrían llevar a su hijo a Disneylandia.
Entonces, el funcionario regresó.
“Tengo buenas y malas noticias”, dijo. “La buena noticia es que voy a aprobar tu solicitud. Claramente, su matrimonio es real. La mala noticia es que el ICE está aquí, y quiere hablar con ustedes”.
ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia federal a cargo de arrestar y deportar inmigrantes que ingresaron de manera ilegal, entre ellos, por el momento, Fabiano de Oliveira. En un cuarto trasero de la oficina de migración de Lawrence, Massachusetts, dos agentes estaban esperándolo con esposas. Su esposo se disculpaba, diciéndole que sentía mucho todo lo que estaba pasando.
Karah de Oliveira le dio un beso de despedida. “Haré todo lo que pueda para sacarte”, dijo.
Durante décadas, casarse con un ciudadano estadounidense había sido una garantía casi absoluta de residencia legal, el mayor problema era comprobar que la relación era real. Sin embargo, con el gobierno de Donald Trump que instiga una persecución fiera de inmigrantes sin documentos a lo largo del país, muchos de los que recibieron órdenes de deportación se topan con que sus trabajos, casas y familias ya no son una defensa, ni siquiera para quienes se casaron con estadounidenses.
