Juan Tena, NEW YORK – Caminito de Japón es lo que le podría pasar a España, o lo que según algunos analistas ya le está ocurriendo. Y es que la crisis inmobiliaria, que principió en 2007 coincidiendo con el colapso de la economía internacional, sepultará las ilusiones de toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes de españoles. El país se enfrenta, por tanto, a lo que se ha dado por llamar “ushinawareta jūnen”. Es decir: década perdida. Pero que en “la tierra del sol naciente” duró quince años.
El resultado de esa crisis en España ha significado la ruina de gran parte del sector inmobiliario, la crisis bancaria como consecuencia de tenerse que quedar con activos inmobiliarios sin apenas valor de mercado y que desvirtuaron la realidad de sus balances de resultados; generó dificultades de liquidez por falta de crédito interbancario y, en consecuencia, ocasionó la ausencia de dinero circulante en la economía española.
Los avales del Estado a la banca, que ha supuesto en total alrededor de 100.000 millones de euros (135.000 millones de dólares) entre 2008 y 2010 para que sanearan sus balances, secundaran una mayor concentración de entidades financieras (fusión de Cajas) y lograr que fluyera el crédito en la economía, no ha sido suficiente. La crisis no se ha frenado como tampoco la codicia bancaria ante una depreciación de sus activos desconocida hasta la fecha, lo que les ha llevado además a refinanciarse con los fondos de sus clientes a costa de mantener congelado el crédito a empresas y familias.
Ahora el gobierno de Rajoy intenta sujetar a la banca con diferentes medidas a fin de hacer todo lo posible por reactivar la economía y paliar el monumental desempleo del país, del que gran parte, al menos dos millones es absolutamente irrecuperable -son a los que eufemísticamente se les denomina “de larga duración”- por la baja o nula formación de esa constelación de trabajadores en su mayoría “excretados” por el sector de la construcción desde 2007 hasta hoy.
Así, la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría confirmó la semana pasada que el Ejecutivo exigirá a las entidades financieras a realizar provisiones por unos 50.000 millones de euros (67.000 millones de dólares) para ajustar el valor de sus carteras inmobiliarias a la realidad del mercado, y aseguró que esta cifra proviene de datos facilitados por el Banco de España.
El Ministro de Economía Luis de Guindos detallará, según avanzó la vicepresidenta, las cifras para cada entidad financiera en próximos consejos de ministros, a fin de que la reordenación bancaria -clave para el Gobierno- se concrete en los seis primeros meses del año.
Luis de Guindo aseguró recientemente en el rotativo Financial Times que es esencial que los bancos limpien sus balances sin aumentar el déficit público: “Tenemos un problema inmobiliario en España, pero se puede manejar. Estos 50.000 millones suponen el 4 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) de España. Esto no es Irlanda, es una dimensión completamente diferente’, subrayó De Guindos.
Por otro lado, es gratificante para la ciudadanía saber -los resultados son “harina de otro costal” y ya se verán- que, según la vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Economía se dirigirá por carta inmediatamente al gobernador del Banco de España para que le informe acerca de las retribuciones (ofensivamente elevadas) de altos cargos y consejeros de entidades financieras (en algunos casos vitalicias) que han sido intervenidas o que han necesitado apoyo de dinero público.
De acuerdo con el informe del Banco de España, dice Sáenz de Santamaría, “el Gobierno adoptará las medidas oportunas con el objetivo claro de que no se premie a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la situación de ser intervenidas o de necesitar dinero público para continuar llevando sus tareas”.
Ante la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy, como han hecho otros países de la UE, de vía libre a la creación de una entidad financiera (banco malo, según la imperante terminología perifrástico) que aglutine todos los activos sin valor del sistema financiero (los definidos como ‘activos tóxicos’), Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el pasado viernes que esta opción ”no está” sobre la mesa del Gobierno. Lo que sí aseguró es que el Gobierno de España tiene la firme voluntad de afrontar directamente una reforma financiera a fin de canalizar el crédito hacia la economía real.
A la posibilidad de crear un banco que se hiciera cargo de los activos devaluados del sistema financiero ya se opusieron en su momento a tal idea el BBVA y el Santander, los dos bancos españoles más grandes, quienes aseguraron que ellos pueden hacer frente a sus problemas y que las entidades financieras más débiles podrían ser absorbidas, si es necesario, por rivales más fuertes. Esta parece ser finalmente la fórmula que elegirá el Gobierno español.
Por otro lado, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó el pasado viernes al Consejo de Ministros las directrices para la elaboración de un plan general de control del fraude para el año 2012, con la que el Gobierno espera elevar la recaudación en 8.171 millones de euros (11.000 millones de dólares).
La principal novedad de este plan -inédito en España- presentado por Montoro, según avanzó Santamaría, es que Hacienda está estudiando la implantación de medidas para limitar el uso de pago en efectivo en determinadas transacciones económicas para combatir la economía sumergida y la utilización de dinero negro en esos pagos.
El ministro de Hacienda también presentó un informe sobre la situación del sector público empresarial y fundacional que refleja la necesidad de una nueva estructuración en cuanto a su número y tamaño. Según la vicepresidenta son más de 4.000 entidades las que forman parte de las administraciones públicas.
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