Estos jóvenes hacen parte de una generación de olvido; muchos de ellos no han tenido ni siquiera la oportunidad de terminar sus estudios de secundaria.
Por Eduardo Alfonso Correa Carmona, estudiante de Ciencia Política. Especial para El Molino Online. @EduardoCorrea44 (Twitter) @Poncho.correa.9 (Instagram). Durante este mes del Paro Nacional que vive nuestro país desde el 28 de abril, muchos mandatarios locales y departamentales han implementado la misma postura del Gobierno Nacional, del desconocimiento y la negación de los hechos y de la convulsión social –en la zona urbana- que enfrenta nuestro país.
Tenemos que empezar por nuestro principal actor, los manifestantes, que se traducen en un grupo de jóvenes que se han denominado la primera línea, caso parecido a lo ocurrido en Francia con los chalecos amarillos, quienes han abanderado las manifestaciones, movilizaciones y protestas pacíficas en todo el territorio nacional.
Estos jóvenes hacen parte de una generación de olvido; muchos de ellos no han tenido ni siquiera la oportunidad de terminar sus estudios de secundaria. Este olvido o abandono viene desde generaciones atrás, la de sus padres, la de sus abuelos, y lo que ellos no quieren es que sus hijos vivan y padezcan lo que les ha tocado afrontar.
Duele en lo más profundo escuchar a muchos de estos jóvenes decir que es la primera vez en sus vidas que pueden comer tres veces al día -incluso repetir-, que la gente los reconozca, los salude, los abrace y que los apoye en estos momentos tan tristes que atravesamos, por culpa de un gobierno obtuso, que solo se preocupa en cómo enquistar sus estructuras políticas en el poder.
Este Paro Nacional ha traído la solidaridad de mucha gente a nivel nacional e internacional, situación que no es ajena a lo que se vive diariamente en los territorios donde se manifiesta abiertamente la consolidación de pedir cambios estructurales y reales de las formas de gobierno establecidas por décadas, por ‘líderes políticos’ que no ha hecho otra cosa que establecer prácticas poco sanas para incrementar su patrimonio y su poder, dejando de lado a sus electores, que en gran medida son la clase popular, aquella que no tiene un trabajo digno, esa que no cuenta con un sistema de salud adecuado, esa que no puede terminar sus estudios e incluso, en el peor de los escenarios, estudiar.
Esa clase que solo puede comer 1 o 2 veces al día, esa clase que no va a alcanzar una pensión de vejez por cuenta del trabajo informal a la que se ve sometida, esa clase que no sabe qué es vivir en territorios de paz y reconciliación, porque toda su vida ha estado inmersa en un conflicto social.
Ahora bien, detrás de todas estas consignas sociales y populares nos encontramos también con una antítesis social: esa clase social, que cuando vio que las manifestaciones y protestas llegaron a la ciudad, presentaron molestias por sacarlos de su zona de confort o de su statu quo. Es esa clase social, que por más de 50 años de violencia rural no se inmutó en condenar esta sangrienta guerra, sino solo hasta que no podían pasar a sus fincas o cuando el escalonamiento del conflicto los tocó por algunos de los factores ya conocidos. Sorprende darse cuenta que las diferencias sociales en Colombia hoy se encuentran claramente marcadas, entre quienes tienen los medios de producción de bienes y servicios, y quienes solo ostentan su dignidad y capacidad de reconciliación y resilencia frente a quienes los tildan de diferentes.
Quizás estas personas no se han dado cuenta que los diferentes y los poco empáticos son ellos, solo basta escucharlos en los medios de comunicación para entender el odio y el poco respeto a la diferencia que llevan por dentro hacia quienes no consideran como sus pares e interlocutores válidos. Es esta misma gente la que se queja porque no puede trabajar, pero sus capitales y acciones se encuentran desde hace muchos años por fuera del país, y viven de la explotación de la mano de obra que ejercen en sus grandes monocultivos de caña de azúcar que tienen por todo el territorio del departamento del Valle del Cauca. Es esa misma gente que en época de pandemia, y viendo que la economía se estaba contrayendo, decidió hacer despidos masivos, cancelar contratos o incluso declararse en quiebra, a pesar las cuantiosas ayudas recibidas del gobierno para subsidiar la nómina.
Finalmente, se observan dos actores que han jugado un papel fundamental frente al tratamiento militar dado a las exigencias sociales, y estos son los brigadistas y los defensores y defensoras de derechos humanos, que han acompañado desde el primer día a toda la sociedad civil, que ha salido a manifestarse. Estos hombres y mujeres, al igual que los de primera línea, arriesgan sus vidas constantemente, al verse inmersos en las confrontaciones que de manera diaria se presentan con la fuerza pública, ya sea al momento de mediar para el fin a la confrontación y el uso desmedido y poco proporcional de la fuerza por parte de los agentes del Estado, o al tramitar la libertad de un manifestante, ya sea in situ o en el lugar a donde los trasladan, o al asistir a un herido.
A todos ellos a y quienes son hoy semillas, mi gratitud y mi solidaridad por siempre. El caminar de la palabra ha comenzado.
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