La postura anti inmigrante que adoptó el estado de Arizona el año pasado le ha costado entre US$15 y US$150 millones de dólares en negocios perdidos, razón por la cual el sector privado impulsó una agresiva campaña que ayer logró derrotar en la legislatura cinco nuevas leyes anti inmigrante todavía más draconianas.
El rechazo por el senado de estas medidas se consideró “una capitulación a la presión de ejecutivos de empresas y el reconocimiento de que la postura sobre inmigración había resultado en un enfriamiento de la normalmente robusta industria del turismo y las convenciones”, escribe Richard A. Oppel Jr. en el New York Times.
Los proyectos de ley habían sido preparados y presentados por el presidente del senado Russell Pearce, autor de la notoria ley SB1070 que ganó al estado los titulares nacionales y mundiales por su postura extremista en la lucha contra la inmigración ilegal. (Esta ley, aunque considerada inconstitucional, exigía que las autoridades verificaran el estatus migratorio de toda persona con apariencia de extranjero).
Explica el Times que las leyes derrotadas, entre otras, habrían exigido que los hospitales informaran a las autoridades al tratar pacientes que sospecharan de estar ilegalmente en el país. También, buscaban presionar a la Corte Suprema para que emitieran un fallo en contra del derecho automático de ciudadanía para los niños nacidos en EUA a padres sin documentos.
Opositores de la ley alegaban que la imagen del estado ha sido empañada.
Una carta firmada por 60 dirigentes empresariales esta semana culpó la ley del año pasado por boicots, contratos cancelados y otros problemas económicos,.
Las reservaciones para Phoenix, una de los principales destinos turísticos en EUA, se fueron al piso, con organizaciones grandes mencionando la ley de inmigración al cancelar sus reservaciones, agregó el Times.
Para el senador Pearce el voto no fue buenas noticias.
