Para los observadores de la realidad política estadounidense, lo que hoy presencian podría ser la prueba de fuego sobre la separación de poderes plasmada en la constitución del país hace 231 años. Y en ese sentido es fascinante de observar. Sin embargo, los que viven los fuertes choques entre la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, y la presidencia de Donald Trump, sienten la inestabilidad que en una sociedad crea la tensión entre dos ramas de gobierno.
Todo se puede trazar a la investigación por más de dos años del fiscal independiente Robert Mueller. En marzo presentó al recién nombrado Fiscal General William Barr un informe, que hasta el momento no se ha hecho público en su totalidad.
El presidente, apoyado por el Fiscal General, dice que el informe lo exoneró completamente de “colusión y obstrucción a la justicia”; los demócratas afirman que no fue así, que de hecho está repleto de instancias de posible culpabilidad.
Los demócratas han pedido el informe en su totalidad y han citado al Fiscal General, quien luego de negarse a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara fue declarado por dicho comité en desacatado del congreso.
Debido a que gran parte de la investigación gira en torno a miles de millones de dólares, algunos de entidades extranjeras, el Congreso pide las declaraciones de impuestos de Donald Trump. Él se niega a hacerlas públicas, y el departamento de hacienda tampoco las ha entregado.
El presidente del Senado (controlado por los republicanos) afirmó que el “caso está cerrado”. Sin embargo otro senador republicano ha citado a Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente, para que testifique sobre una reunión que tuvo con varias personas vinculadas a Rusia.
Al mismo tiempo, en el Estado de New York hay investigaciones a Donald Trump, sus hijos, y sus empresas, que pueden causar serios problemas a la familia durante mucho tiempo.
El Radio Público Nacional de EUA (NPR) presenta en inglés un extenso resumen y explicación sobre lo que algunos llaman una crisis constitucional. Lo siguiente es basado en el reportaje de Philip Ewing.
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El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, D-N.Y. ha pedido el informe completo sin censura del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y la campaña de Trump. El Departamento de Justicia dice que no puede cumplir debido a las regulaciones federales.
Nadler también quiere que Mueller testifique y está buscando documentos del ex abogado de la Casa Blanca; posiblemente quiera que Don McGahn y otros más testifiquen. La Casa Blanca dice que McGahn no puede entregar los documentos solicitados por el Comité Judicial, y el abogado de McGahn dice que no hará nada hasta que se resuelva esta disputa.
Mientras tanto, el presidente del Comité de Medios y Formas de la Cámara, Richard Neal, demócrata por Massachusetts, quiere las declaraciones de impuestos de Trump. El Departamento del Tesoro no los proporcionará. Así que Neal emitió citaciones el viernes para intentar forzar la entrega.
Los líderes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes quieren expedientes financieros sobre los negocios de Trump de parte de sus acreedores, Deutsche Bank y Capital One. Trump y su familia están demandando a esos bancos, tratando de impedirles que cumplan.
Los legisladores dicen que tienen una obligación constitucional de supervisar la administración, y persisten muchas preguntas sobre el presidente, incluso después de la conclusión de la investigación de Mueller.
La decisión del presidente de no divulgar sus declaraciones de impuestos, como lo han hecho todos sus últimos predecesores, sugiere a los críticos que puede estar ocultando algo. El relato de su antiguo abogado, Michael Cohen (purgando ahora una condena por tres años en un presidio federal), también sustenta la teoría que puede haber evidencia de irregularidades.
A principios de año, Cohen dijo en audiencia ante un comité del Congreso que Trump inflaba de manera rutinaria el valor real de sus activos para calificar para préstamos bancarios o tergiversaba su riqueza aparente, y también que Trump reducía el valor de la propiedad que reportaba a las autoridades para pagar menos impuestos.
La semana pasada, el New York Times publicó declaraciones de impuestos de Donald Trump entre 1984 y 1995 y mostró pérdidas por más US$1000 millones.
La información financiera de Trump, igual que las investigaciones de Mueller podrían revelar mucho, y los demócratas están ansiosos por obtener todo lo que pueda servirles.
Trump llama a todo esto “hostigamiento presidencial”. Argumenta que los demócratas no obtuvieron lo que querían de la investigación de Mueller y por eso están desesperados por juntar todo lo que puedan. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que los líderes de la Cámara buscan prolongar la investigación sobre Rusia para crear distracciones de la buenas noticias que Trump continúa brindando sobre la economía.
Los funcionarios de la administración dicen que la ley los respalda.
El procurador general William Barr argumenta que está impedido de revelar el material del gran jurado en el informe de Mueller a cualquier persona, incluidos los miembros del Congreso, debido al principio vital de que el funcionamiento de un gran jurado debe ser secreto.
El secretario del Tesoro Steven Mnuchin y otros argumentan que el poder de supervisión del Congreso en virtud de la Constitución no equivale a una licencia para fisgonear en los asuntos de los estadounidenses privados sin razón alguna, que es de lo que acusa a los legisladores de hacer con los impuestos de Trump. La solicitud, dijo Mnuchin, no tiene un “objetivo legislativo legítimo”.
Además, existe una práctica de muchos años que permite a una administración proteger parte de sus actividades del público bajo el “privilegio ejecutivo”, el protocolo que enfatiza la importancia de que aquellos dentro del gobierno puedan conferir entre ellos de manera confidencial.
Barr sostiene que este privilegio ejecutivo es lo que protege el material subyacente del informe Mueller y el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone argumentó que las notas de McGahn están fuera del alcance del Comité Judicial.
El informe de Mueller describe que Trump le pidió a McGahn que despidiera a Mueller, lo cual McGahn se negó a realizar. Luego Trump le pidió a McGahn que mintiera sobre la solicitud anterior. Los demócratas quieren revelar más sobre esos incidentes.
El Comité Judicial ha votado para recomendar que la Cámara en sesión plenaria declare a Barr en desacato. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, no ha dicho cuándo la cámara va a llevar a cabo esa votación, pero podría suceder a fines de este mes, y podría incluir más temas.
Mnuchin, McGahn u otros también podrían encontrarse en desacato al Congreso, dependiendo de la forma en que evolucione esta disputa.
El Departamento de Justicia argumenta que Barr no puede estar en desacato porque ha seguido negociando con el comité de Nadler para tratar de llegar a un acuerdo sobre el material de Mueller. Los republicanos le apuestan a que si se presenta la disputa ante un juez, éste podría pronunciarse en contra del Congreso.
Muchas de estas disputas podrían llegar a los tribunales.
Los miembros del Congreso podrían pedirle a un juez que ordene a la administración cumplir con las exigencias del Congreso. Los abogados de la administración pedirían defender sus posiciones anteriores. Todo esto procederá con suma lentitud.
El tema del tiempo es parte de la estrategia política para ambas partes. Los demócratas quieren aprovechar que las cosas están calientes y mantener sus investigaciones sobre Trump en los titulares antes de las elecciones del próximo año.
Trump y los republicanos saben que una pelea judicial tomará años, especialmente una que involucre grandes cuestiones constitucionales sobre los poderes entre las ramas del gobierno. Mientras tanto, gran parte del material en cuestión probablemente permanecerá en secreto.
Algunos demócratas dicen que se vive una crisis constitucional. Otros se han referido a un “enfrentamiento constitucional”.
No es la primera vez que se enfrentan los poderes. Aunque desde los años de Watergate no se había visto un enfrentamiento de estas dimensiones.
…Otra semana que pasó en EUA
Carlos F. Torres
Director El Molino Online
Pennsylvania, EUA, 5/12/2019
