LA VOZ DE AMERICA: El ex presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla, quien gobernó durante la sangrienta dictadura militar entre 1976 y 1983, murió este viernes a los 87 años en Buenos Aires, de causas naturales.
Videla cumplía una condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante un gobierno militar que es acusado de la tortura y asesinato de cerca de 30.000 opositores.
Las reacciones a la muerte del ex dictador argentino no se han hecho esperar. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel calificó, este viernes, a Videla como “un hombre que ha pasado por la vida haciendo mucho daño y ha traicionado los valores de todo un país”.
Sin embargo, el dirigente de Derechos Humanos, citado por el diario La Nación afirmó que no le alegra “la muerte de nadie”.
Wikipedia presenta más información sobre la sangrienta carrera de quien en vida respondiera al nombre de Jorge Rafael Videla:
Jorge Rafael Videla (Mercedes, Buenos Aires, 2 de agosto de 1925 — Marcos Paz, 17 de mayo de 2013 fue un militar y dictador argentino, designado presidente de facto de Argentina por una Junta Militar.
Ocupó la presidencia de su país entre 1976 y 1981 durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Además fue Jefe del Ejército Argentino entre 1975 y 1978.
Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a prisión perpetua en cárcel común por el caso conocido como UP. El 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años en prisión por encontrársele responsable penalmente por el secuestro sistemático de neonatos y niños durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Jorge Rafael Videla Redondo nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Fue el tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea (1886-1952) y María Olga Redondo Ojea (1897-1987).
Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el grado de subteniente de infantería, fue el 6º de la promoción 73ª sobre un total de 196 cadetes. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954 y se licenció con el título de Oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960, dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido a general de brigada y nombrado por Alejandro Agustín Lanusse director del Colegio Militar de la Nación. A fines de 1973, el comandante Leandro Anaya lo nombró Jefe del Estado Mayor del Ejército y el 27 de agosto de 1975,7 la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró Comandante en Jefe del Ejército.
El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti el golpe de Estado que derrocó a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al Proceso de Reorganización Nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de devenir en un conflicto armado.
El 17 de mayo de 2013 falleció.
Videla encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que sustituyó a Isabel Martínez de Perón por una junta militar, en representación del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Armada y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dando inicio al Proceso de Reorganización Nacional. El 29 de marzo asumió la Presidencia de la Nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981, al cumplir el período presidencial de 5 años establecido por la Junta Militar. Este fue el período más largo que un militar ocupara el cargo de presidente de facto en el país de Argentina.
La visita de la CIDH
El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante dos semanas se entrevistan con personalidades de la política, la cultura nacional y miembros del gobierno. Paralelamente, recibieron numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos realizadas por las familias de los desaparecidos que esperaron durante horas (y días) en la puerta de la entidad. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue el gran móvil de la comisión. Mientras la Comisión se entrevista con familiares de desaparecidos, algunos medios de comunicación publican cartas y editoriales reafirmando que Argentina era un país en paz. Presionada por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar se apresuró por dar a conocer un nuevo régimen legal sobre los desaparecidos. El Informe de la CIDH señalaba, entre otras muchas consideraciones, “que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el período 1975/1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”.
La Comisión consideraba que esas violaciones afectaron:
«El derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno dieron muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. El derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada. El derecho a la seguridad e integridad personal mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos inhumanos. El derecho de justicia, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones, de la falta de garantías en los procesos ante los tribunales militares y de la ineficacia del recurso de Habeas Corpus.»
Ya en 1977, Videla había declarado:
«En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra.»
El conflicto con Chile
Durante el gobierno militar, el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile acerca de la soberanía sobre tres islas en el Canal de Beagle estaba pendiente de resolución y sometido al Laudo Arbitral de 1977 que ambas partes habían acordado obedecer.
En 1977 se dictó una sentencia que entregó las tres islas a Chile, pero la junta declaró la sentencia “insanablemente nula”, colocando a ambos países al borde de la guerra. El 22 de diciembre de 1978 Videla dio partida a la Operación Soberanía destinada a ocupar las islas militarmente. Solo la intervención papal en último minuto hizo desistir a la junta militar de comenzar la guerra. El Papa Juan Pablo II inició una mediación, pero su propuesta fue rechazada por Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Las tensiones continuaron hasta el retorno de la democracia a Argentina, tras la Guerra de las Malvinas.
El conflicto no se resolvería hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolvería la soberanía chilena sobre las islas.
La política económica
José Alfredo Martínez de Hoz condujo la economía durante toda la presidencia de Videla. Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización de la legislación laboral vigente, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas. Aunque Martínez de Hoz negó posteriormente su implicación con las actividades represivas del proceso, se ha argumentado que las mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados económicos. Debido a la eliminación de las barreras arancelarias, la caída de la producción industrial y el saldo negativo de la situación exterior de Argentina durante el Proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada (mediante un mecanismo conocido como “la tablita”) que permitió al capital más concentrado del país hacer grandes negociados en la “timba financiera”, en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevó a un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acrecentada todavía más en 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decide licuar (estatizando) la deuda de dichos grandes grupos perjudicando al Estado y a la sociedad. Ademas, se estatizó la empresa CIAE.
La batalla de la imagen
El proceso enfrentó un desafío mayor al tratar de recomponer su imagen pública en el exterior. Diversos grupos de opositores exiliados y algunos gobiernos denunciaron reiteradamente la situación de los derechos humanos en Argentina. El gobierno contratacó con el eslogan Los argentinos somos derechos y humanos y atribuyó las críticas a una campaña antiargentina.
Ya el 19 de mayo de 1976 Videla protagonizó un almuerzo con un grupo de intelectuales argentinos, entre los que se contaban Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratti (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el padre Leonardo Castellani. Este último le expresó su preocupación por otro escritor desaparecido, Haroldo Conti. Borges y Sabato exteriorizaron elogios al gobierno militar luego de esa comida.
El campeonato mundial de fútbol de 1978 fue transformado por el gobierno militar en un hecho político, intentando demostrar que en el país existía libertad. El entusiasmo de la sociedad ante el desempeño deportivo del seleccionado nacional fue utilizado por Videla para intentar demostrar que el pueblo apoyaba a la dictadura. De hecho, la multitud enfervorizada congregada en el estadio de River Plate, aclamó al dictador cuando entregó la copa al equipo argentino.
En 1980, el dirigente de la organización Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz, exponiendo aún más al mundo las violaciones a los derechos humanos en Argentina.
Videla, la educación y la cultura
El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera.
«Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar»
Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda y las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la “Operación Claridad”: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.
La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio por publicación y venta de material subversivo. Él fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí.
El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para neutralizar el “germen subversivo” que intentaba crear defensas en la sociedad. Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:
En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado: «’Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas»:
«Léxico marxista para uso de los alumnos: (…) Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este ‘trasbordo ideológico’ que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo».
- Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a ‘novelistas latinoamericanos’ o ‘literatura comprometida’ en general.
- Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones.
- Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para pasar ideas.
En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann, y “El nacimiento, los niños y el amor”, de Agnes Rosenstichl (ambos de Ediciones Librerías Fausto), por tratarse de “cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo.”
El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto «Conozcamos a nuestros enemigos», cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:
«El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo (sic). En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que ‘es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado».
En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió las obras “La educación como práctica de la libertad” (Editorial Siglo XXI) y “Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia” (Editorial La Aurora), del pedagogo brasileño Paulo Freire, ya que, según las autoridades, “sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana.”
En octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela “La tía Julia y el escribidor”, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que “revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del Estado de Sitio“.
En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de Editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica (…) analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico».
En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat:
«Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la Enciclopedia y el Diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante (…) un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología»
