Para algunos dirigentes religiosos del estado sureño de Alabama, la recién implementada ley de inmigración criminaliza elementos básicos del cristianismo y han anunciado que la piensan violar.
Escribe Campbell Robertson en el New York Times que tres obispos — uno episcopal, otro metodista y otro católico — interpretan el estatuto firmado en junio por el gobernador como una violación del mandato eclesiástico de ser “buenos samaritanos”, que es el fundamento de su fe.
Han entablado un pleito alegando que la ley — la más estricta de la nación — viola su derecho a ejercer libremente su religión. “La ley ataca nuestro entendimiento básico de lo que significa ser una iglesia”, dijo el obispo católico.
Dice que esta ley incorpora una serie de medidas que contienen estatutos similares en los estados de Arizona, Georgia y Carolina del sur. Aprobado en junio, el estatuto entra en vigencia el 1 de septiembre.
Pero va un más allá. “También convierte en crimen el transportar, albergar o alquilar propiedad a individuos de los cuales se sabe están ilegalmente en el país y anula cualquier contrato con emigrantes ilegales”.
La ley también ha recibido desafíos legales de una extensa gama de organizaciones, desde la administración Obama a la Unión Americana de Libertades Civiles, con el apoyo de varios sheriffs de condados, y los sindicatos de maestros en 16 países extranjeros.
Los autores de la ley dicen que los organismos religiosos no tienen de qué preocuparse.
La ley, continúa el Times, tiene bastante apoyo en el estado y muchas congregaciones no comulgan con el rechazo de sus pastores.
Sin embargo, agrega, los dirigentes religiosos dicen que la ley tiene que verse en el marco de la historia del estado de Alabama, donde se libraron algunas de las batallas más intensas durante el movimiento pro derechos civiles.
“La falta de una prohibición específica del uso de perfiles raciales y la carencia de una distinción por parte de sus partidarios entre los inmigrantes sin documentos y los hispanos en general dan pausa para reflexión a los opositores, así coincidan en que la actual política federal de inmigración no funciona”.
