Totalmente errada ha estado la administración Uribe-Duque al pensar que el gobierno de EUA se va a quedar cruzado de manos mientras las fuerzas de seguridad cometen atrocidades a niveles no vistos en décadas en el continente. Se vio claramente en el marco de la visita a la capital de EUA por parte de Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia.
Un grupo de legisladores estadounidenses pide suspender la ayuda a Colombia, incluyendo equipo militar, a menos que se de respuesta a serias violaciones de los derechos humanos, incluso las desapariciones de personas relacionadas con las protestas.
Estados Unidos ha pedido a Duque que se ubiquen a las personas desaparecidas en el marco de las protestas que se iniciaron el 28 de abril con un paro general. Hasta 290 personas podrían estar desaparecidas, informa la AFP que
“Alentamos a las autoridades a que sigan trabajando para localizar a todas las personas desaparecidas lo antes posible. Ciertamente alentamos esas acciones”, dijo Jen Psaki, portavoz de La Casa Blanca.
Se refería en particular a anuncios del gobierno colombiano comprometiéndose a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca destacó que el gobierno de Duque haya activado “una unidad especial de búsqueda para investigar los reportes de personas desaparecidas con 35 equipos desplegados en todo el país para seguir las denuncias recibidas a través de líneas directas las 24 horas”.
Psaki comentó sobre Colombia en rueda de prensa sobre los reclamos de legisladores estadounidenses impulsados por el congresista demócrata Jim McGovern, para que el gobierno de Biden denuncie “clara e inequívocamente la brutalidad policial en Colombia”, dice la nota de la AFP.
Las protestas que estallaron en Colombia el 28 de abril dejan al menos 43 muertos, 15 en relación directa con las manifestaciones y 11 en proceso de verificación, según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo de Colombia, el órgano constitucional que vela por los derechos humanos.
Marta Lucía Ramírez también se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Ramírez descartó por ahora su pedido, así como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para observar de primera mano lo que está ocurriendo en Colombia.
“Tenemos la solicitud de la CIDH y también del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas son bienvenidas. Pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar un plan en las próximas semanas para cualquiera de las visitas”, declaró a periodistas, según la AFP.
La CIDH, que solicitó hace diez días luz verde al gobierno de Duque para evaluar ‘in situ’ la situación de derechos humanos en Colombia, dijo en Twitter que durante el encuentro con Ramírez se “reiteró la importancia de la visita de trabajo y se trataron sus alcances y formato”.
Ramírez también prevé reunirse con la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, y con varios congresistas, incluido McGovern.
En una carta al Secretario de Estado Antony Blinken, McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso estadounidense, y otros 55 legisladores instaron a una “desescalada inmediata” de las tensiones en Colombia.
La misiva fechada el 14 de mayo pidió incluso suspender la asistencia directa a Colombia, así como la venta de armas y equipamiento a la policía colombiana antidisturbios ESMAD, “hasta que se establezcan y cumplan parámetros de referencia de derechos humanos claros y concretos”.
