Con un trasfondo de redadas, deportaciones, el temor generalizado por parte de las comunidades de inmigrantes en EUA, cientos de niños enjaulados en diversos puntos del país, y protestas en los centros urbanos y frente a los campos para migrantes detenidos, los tribunales esta semana han propinado dos serios golpes a las draconianas e inmisericordes políticas implementadas desde los primeros días de la administración Trump.
Un juez federal dictaminó el viernes que la administración Trump debe restaurar completamente el programa que protege de la deportación a algunos jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a EUA cuando eran niños — ello incluye incluye aceptar nuevas solicitudes para el programa, informa un despacho de la Reuters.
John Bates, juez federal de distrito basado en Washington, D.C., dijo que daría a la administración plazo hasta el 23 de agosto para decidir si apelar. El fallo lo había emitido en abril. Ordena al gobierno federal que continúe con el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Se postergó la decisión durante 90 días para dar tiempo al gobierno para explicar mejor por qué el programa debería finalizar.
Ausente una explicación satisfactoria, el juez ordenó la restauración del programa, que beneficia alrededor de 700,000 jóvenes, conocidos también como “soñadores”, quienes desde 2012 durante la administración Obama fueron protegidos de la deportación y recibieron permisos de trabajo por períodos de dos años, después de los cuales deben volver a solicitar ingreso al programa.
Y con respecto a la controvertida y extensamente repudiada separación de familias en la frontera, informa The Huffington Post que una jueza federal ha dicho a representantes legales de la administración Trump que en el gobierno recae 100% de la responsabilidad por encontrar a los padres separados de sus hijos en la frontera y deportados por funcionarios de inmigración.
Esta política, conocida como “cero tolerancia” lleva la firma del fiscal general de la nación, Jefferson Beauregard Sessions III.
“Parece que solo se han ubicado 12 o 13 entre más de 500 padres, lo cual es inaceptable en este momento. Y parece que no hay un plan en marcha “, dijo el viernes la jueza de distrito Dana Sabraw, lamentándose de que el gobierno no tenga un plan claro sobre cómo localizar a los padres deportados.
La administración Trump había sugerido que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que está demandando al gobierno en nombre de los padres, use sus propios recursos para ayudar a encontrar a los padres.
“Todo esto es resultado de la separación del gobierno seguida por la incapacidad y el fracaso para rastrear y reunir”, dijo la juez Sabraw. “Por cada padre que no sea ubicado habrá un niño huérfano permanentemente, y eso es 100% responsabilidad de la administración”. Ordenó al gobierno que designara a una persona o equipo para “preparar y presentar al tribunal un un plan claro para las reunificaciones restantes.
Muchos de los más de 400 padres que fueron deportados se encuentran en países como Guatemala y Honduras.
El jueves, la ACLU le dijo a la corte que las bases de datos del gobierno no tienen suficientes las direcciones de alrededor de 120 de los niños que falta por reunirse.
Más información en inglés Reuters
Más información en inglés The Huffington Post
