Pasado un mes desde que 43 estudiantes mexicanos desaparecieron en una protesta en Iguala, estado suroccidental de Guerrero, sigue sin saberse quiénes son los autores de este crimen que sacudió al país y ha horrorizado al mundo.
Informa el portal de noticias mexicano La Silla Rota que
La muerte de tres normalista y la desaparición forzada de otros 43 provocaron que el gobernador Ángel Aguirre Rivero solicitara licencia al cargo, la renuncia del secretario de Salud Lázaro Mazon, que el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda se encuentren prófugos de la justicia, la detención de 52 personas entre ellas policías municipales de Iguala y Cocula, sobre todo el descubrimiento de más de 20 fosas clandestinas que mantiene una estela de tristeza, dolor e indignación en México.
En diversos rincones del país siguen las movilizaciones convocadas por organizaciones de padres de familia, sindicatos, estudiantes y la población en general unidos en torno a la consigna, “Vimos se los llevaron, vivos los queremos”.
El viernes pasado, en la Ciudad de México se realizó la marcha “Una luz por Ayotzinapa”, del Ángel de la Independencia al Zócalo donde participaron miles personas.
El domingo pasado, manifestantes bloquearon la Autopista al Sol, que une al DF con Acapulco.
Explica La Silla Rota que en algunas de las fosas clandestinas en Iguala se encontraron lapiceros y mochilas. En total, se hallaron 38 cuerpos en 11 fosas y se están realizando pruebas de ADN.
Al mismo tiempo, el viernes 24 de octubre el padre Alejandro Solalinde denunció en una entrevista que el gobierno mexicano busca comprar con dinero a las familias de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para que renuncien a las protestas y exigencias de justicia.
“Quieren que renuncien a la justicia, (las familias de los normalistas) son muy humildes, les van ganando la voluntad (con dinero)”, aseguró en la emisión televisiva de TeleSUR.
Foto cortesía Jorge Mejía Peralta, via flickr
