La doctora Gina ha decidido que para salvar el PAE, en lugar de ocuparse, le pasa el problema al congreso y de paso genera una oleada de apoyo al proponer un proyecto de Ley disque para eliminar la corrupción de plano.
Veamos un poco que es lo que realmente sucede con el PAE.
Hasta 2011, el ICBF, más bien que mal, implementaba el PAE. Se lo pasó al Ministerio de Educación, el Doctor Molano que por allá pasó unos meses en espera de mejores oportunidades y para tapar el hueco de Elvira Forero, confirmada en su cargo de directora por el presidente Santos y luego “renunciada” con serias acusaciones.
Yo no sé si la decisión de “pasarle el PAE” al ministerio fue una de las recomendaciones del plan de modernización del Estado que creó los ministros consejeros y el ministro de la presidencia y todas esas babosadas que Santos acaba de descrear.
Yo solo sé que el PAE, se financiaba, como muchos muy exitosos programas con los recursos parafiscales que Santos le quitó al ICBF y que partir del despojo lo dejaron sometido a la dictadura fiscal del ministro de hacienda de turno.
Ahora bien, el PAE es un programa de alimentación, no de nutrición.
El propósito del programa es disminuir la deserción escolar y aumentar el rendimiento académico de los niños y niñas con restricciones alimentarias.
Lo lógico, lo eficiente es que ese tipo de programa se articule en el nivel territorial que es donde están los beneficiarios. Es fiscalmente responsable promover la cofinanciación de estos programas.
La ministra Parodi recibió el programa y se lo pasó de taquito a las “entidades territoriales” asumiendo que el programa sería cofinanciado por estas. No hubo un proceso cuidadoso de concertación ni de programación. No se realizaron convenios de cofinanciación.
La fórmula que seguramente se inventó un tecnócrata del ministerio de hacienda fue asignar únicamente una porción de los recursos necesarios y asumir que departamentos y municipios “pondrían” el saldo. Pos no.
La fórmula era irrealizable. En el sistema político colombiano los gobernadores y alcaldes salientes, con muy escasas excepciones, le dejan a su sucesor la olla raspada y el presupuesto del primer año amarrado.
Los gobernantes recién elegidos al posesionarse el 1 de enero de este año se encontraron con un programa que tenían que implementar, pero sin los recursos necesarios para su ejecución.
Los colegios beneficiarios del programa iniciaron clases entre la segunda y la tercera semana de enero y en muchos casos no había operadores contratados. La solución la urgencia manifiesta, la contratación directa y el dedazo.
¿A quién contratar? Pues a las empresas de Katia Rosado, de Adiela Álvarez y de José Antonio Manrique que llevan años evadiendo sanciones, multas y cancelaciones de contrato ordenadas o recomendadas por interventores y supervisores de los programas.
Estos siniestros personajes a quienes la “valiente” ministra ha denunciado son quienes financian las campañas políticas de esos congresistas a quienes la ministra les quiere pasar el problema con su proyecto de ley.
Y ella lo sabe muy bien pues a finales de 2014 o comienzos de 2015, la señora Adiela Alvárez fue al despacho de la dotora Parodi acompañada por el parlamentario Ap Cuello a “resolver” un problemita con un contrato en el Cesar.
¿A qué juega la ministra, fusilando un proyecto de ley de seguridad alimentaria que habían presentado unos congresistas entre ellos la liberal Sofía Gaviria?
¿Por qué no tuvo en cuenta un informe del DNP de hace dos años que indicaba que el valor de la ración que hoy en día es de miserables 1600 pesos había que aumentarlo en 35%?
¿Por qué no se llevó a cabo desde el ministerio un proceso de acuerdos de cofinanciación con los gobernantes salientes para dejar el programa contratado o por lo menos las licitaciones y concursos abiertos?
¿Tiene derecho la ministra Parodi a lavarse las manos y esconder su responsabilidad por el desastre del PAE detrás de un proyecto de ley?
¿Qué está haciendo el ICBF a quien la ley obliga a velar por los derechos de los niños y a regir el Sistema Nacional de Bienestar que debería ser el espacio donde se deben articular los programas del Estado en favor de la niñez?
