Juan Tena, MADRID – El Tribunal Supremo, la más alta institución nacional de la judicatura, ha condenado por “unanimidad” a Baltasar Garzón a once años de inhabilitación por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados, han informado fuentes jurídicas.
El Alto Tribunal, compuesto por siete magistrados, lo ha inhabilitado por actuar «a la altura de regímenes totalitarios» con los imputados de la «Gürtel». La condena señala que el magistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma «drástica e injustificada» el derecho de defensa de sus investigados, lo que le supondrá la «pérdida definitiva» del cargo, y, en consecuencia, la pérdida de su condición de juez. Garzón era hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El Tribunal sostiene en su resolución que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar minimamente aceptable». Este es un derecho constitucional que sólo puede alterarse en casos de terrorismo, por cuento se ha demostrado que en ciertas ocasiones los abogados de los terroristas hacen de correo entre el detenido y la organización criminal.
Se trata de la primera causa por la que el juez Baltasar Garzón se ha sentado en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Concretamente el segundo de ellos quedo listo para sentencia ayer, 8 de febrero, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello. Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir «todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad».
El ya ex juez tiene pendiente una tercera causa abierta por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Reacciones
Las reacciones no se han hecho esperar. La primera de ellas ha sido la del propio Garzón que ha anunciado que rechaza la condena del supremo y recurrirá a las vías legales -en España solo puede recurrir al Tribunal Constitucional- que correspondan «para combatir» la sentencia y que ejercerá todas las acciones pertinentes «para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores» de la sentencia han cometido. En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España».
Por su parte la plataforma que aglutina a organizaciones como la de Memoria Histórica, familiares de víctimas del franquismo, representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT), artistas y escritores, se ha concentrado hoy en la Puerta del Sol (centro de la capital de España) para protestar y mostrar su rechazo a una sentencia que tilda de “linchamiento” y “vergüenza para el país y la democracia”.
El líder de los comunistas de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, presente también en la Puerta del Sol, ha declarado que espera una “reacción popular importante de todos los demócratas de este país”, al margen de su ideología y de manera “pacífica y tranquila”, para decir al Supremo que la Justicia que está aplicando “no coincide con lo que piensa la mayoría de los ciudadanos de España”. Según el coordinador federal de Izquierda Unida, con esta sentencia se está mandando un mensaje de que “la justicia no es ciega” y que “lamentablemente en este caso no es imparcial”.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardo, ha manifestado por su parte que ” El Gobierno, como en todos los casos en los que hay un pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política. La única valoración que se realiza es el normal funcionamiento de nuestras instituciones, el cumplimiento del estado de Derecho y el más absoluto respeto por las decisiones que adoptan los magistrados”.
El Partido Popular ha proclamado su respeto por la decisión del Alto Tribunal de inhabilitar once años al juez, han informado fuentes de este partido política. Fuentes que han aclarado que no desean elaborar ningún comunicado ni hacer declaración de tipo político ante una condena que los populares respetan, “máxime cuando se trata de una sentencia del Tribunal Supremo”.
El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha mostrado la preocupación de su partido por la sentencia. En declaraciones en la sede socialista, Villarrubia ha subrayado que el PSOE respeta y acata la sentencia del Supremo que inhabilita once años al juez Garzón. Pero expreso su preocupación por la sentencia porque Garzón se ha distinguido por ser una persona y un profesional que ha luchado incansablemente contra el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción. Villarrubia ha agregado que al PSOE “no le gusta ver” que un juez con estas características haya sido condenado por un delito tan grave y esta sea la primera condena en una trama gravísima de corrupción como son las escuchas del caso Gürtel.
