Amy Goodman y Denis Moynihan, Democracy Now! El 7 de marzo de 1965, día que se conoció como “Domingo Sangriento”, 600 afroestadounidenses y activistas del movimiento por los derechos civiles partieron de la ciudad de Selma, en el estado de Alabama, en una marcha hacia Montgomery, capital del estado, para exigir el derecho al voto. Mientras cruzaban el puente Edmund Pettus de Selma, los manifestantes fueron atacados por la policía del estado de Alabama con bastones, picanas para ganado, perros y gas lacrimógeno. Las imágenes del violento ataque policial dieron la vuelta al mundo. John Lewis, presidente del Comité Estudiantil de Coordinación No Violenta (SNCC, por sus siglas en inglés), en aquel entonces de 25 años de edad, fue uno de los principales organizadores de la marcha y resultó hospitalizado con una conmoción cerebral.
Su compromiso con los principios de justicia, igualdad y el poder de la protesta no violenta debería servirnos de guía mientras navegamos estos complejos días. John Lewis, ícono de los derechos civiles y congresista por 17 períodos, murió el pasado 17 de julio de cáncer de páncreas, a los 80 años.
Ocho días después del Domingo Sangriento, la valentía de los manifestantes obligó al presidente Lyndon Johnson a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, implorando la aprobación de la Ley de Derechos Electorales de 1965: “Pero incluso si aprobamos este proyecto de ley, la batalla no terminará. Lo que sucedió en Selma es parte de un movimiento mucho más amplio que llega a cada sección y estado del país. Es el esfuerzo de los estadounidenses negros para lograr la bendición completa de la vida estadounidense. Su causa también debe ser la nuestra, porque no se trata solo de negros, sino que, en realidad, somos todos nosotros los que debemos vencer al perjudicial legado de la intolerancia y la injusticia. Y venceremos”.
Tras el Domingo Sangriento, el reverendo Martin Luther King Jr. se unió a John Lewis en Selma y ayudó a organizar dos marchas más. Unas 25.000 personas se unieron a los manifestantes que llegaron a Montgomery el 25 de marzo. El 6 de agosto de 1965, el presidente Johnson firmó la Ley de Derechos Electorales, que eliminó las restricciones que tenían las personas de color para inscribirse como votantes, especialmente en los estados del sur. Durante casi un siglo, los sureños blancos promulgaron las llamadas “leyes de Jim Crow”, que condenaron a los afroestadounidenses a vivir empobrecidos y segregados, prácticamente en estado de esclavitud.
Entre las leyes de Jim Crow había muchas que hacían casi imposible que un afroestadounidense pudiera registrarse para votar. Las pruebas de alfabetización, administradas solo a la población negra, tenían preguntas como: “¿Cuántas burbujas hay en una barra de jabón?”. En el condado de Lowndes, en Alabama, en 1964 los afroestadounidenses constituían el 80% de la población, pero ninguno de ellos estaba registrado para votar. En Misisipi, la inscripción de votantes afroestadounidenses era inferior al 7% en 1964; en 1988 era del 75%.
Casi medio siglo después, en 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos, con cinco votos a favor y cuatro en contra, en el fallo de Alabama contra Holder, restringió considerablemente la Ley de Derechos Electorales. Desde entonces, más de 25 estados de mayoría republicana han aprobado una serie de leyes de privación de los derechos electorales. Con ejemplos como requisitos para la identificación de votantes, purgas masivas de padrones electorales basadas en datos defectuosos, el cierre de miles de centros de votación y la limitación de la votación anticipada y en ausencia, estas leyes disuaden de votar a millones de personas de color.
A esto se suman dos nuevas amenazas para las elecciones presidenciales de este año: la pandemia de coronavirus y el propio presidente Donald Trump. Con el aumento de las muertes por COVID-19 en casi todas partes del país, algo que afecta desproporcionadamente a las comunidades de color, la votación presencial se ha convertido en un acto peligroso. Votar por correo es la solución más simple. Trump ha atacado esta práctica, afirmando falsamente en más de una ocasión que habilita el fraude electoral, a pesar de que él mismo ha votado por correo. No es de extrañar que Trump se haya negado a presentar sus respetos al venerado activista por el derecho al voto John Lewis, el primer legislador afroestadounidense en ser velado en la Rotonda del Capitolio.
Trump acelera su marcha hacia el autoritarismo al desplegar agentes paramilitares federales en ciudades de todo Estados Unidos. A pesar de la violencia y las detenciones arbitrarias que Trump está desatando, el movimiento Black Lives Matter continúa, empoderando a una nueva y diversa generación de activistas. En su última aparición pública, John Lewis, provisto de tapabocas, visitó la Plaza Black Lives Matter, cerca de la Casa Blanca.
Después de su muerte, la Cámara de Representantes renombró la ley H.R. 4 como la “Ley de Derechos Electorales John R. Lewis de 2020”. Esta ley revertiría el daño a la Ley de Derechos Electorales de 1965 causado por la Corte Suprema en 2013. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, republicano, alabó a John Lewis ante su ataúd en la Rotonda pero se niega a permitir que el Senado debata el proyecto de ley.
John Lewis era el último orador de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad de 1963 que aún vivía. Sus asesores de ese entonces le dijeron que el borrador de su discurso era demasiado radical y que distanciaría del movimiento a los demócratas, particularmente al presidente, John F. Kennedy. John Lewis originalmente escribió: “No podemos depender de ningún partido político, ya que tanto los demócratas como los republicanos han traicionado los principios básicos de la Declaración de la Independencia… Marcharemos por el sur, por el corazón de Dixie, como lo hizo Sherman. Seguiremos nuestra propia política de tierra arrasada y arrasaremos con las leyes de Jim Crow, sin violencia”.
Pero nunca pronunció esas palabras públicamente en la Marcha sobre Washington.
El día de su funeral, el periódico The New York Times publicó un ensayo que John Lewis escribió poco antes de su muerte. “La democracia no es un estado. Es un acto. Gente común con una visión extraordinaria puede redimir el alma de Estados Unidos metiéndose en lo que yo llamo buenos problemas, problemas necesarios”, escribió Lewis.
Gracias por toda una vida de buenos problemas, problemas necesarios.
Descansa en la lucha, John Robert Lewis.
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur. Amy Goodman y Denis Moynihan.
