Decenas de miles de trabajadores argentinos respondieron el 29 de abril a la convocatoria de las poderosas centrales sindicales exigiendo un fin a los despidos implementados por la administración de Mauricio Macri como parte de su plan de reforma económica.
En cuanto al tamaño de la movilización, se calcula que alcanzaron las 100 mil personas las que paralizaron por horas el centro de la capital. Pero, además, ésta es la primera muestra de unidad sindical entre las cinco centrales argentinas desde el comienzo de los gobiernos kircheristas hace 12 años.
Presente estuvo Hugo Moyano, líder de la CGT y no hace mucho considerado simpatizante de Macri. Pidió unidad para proteger a los trabajadores.
La masiva movilización tiene lugar durante una semana en que Macri sufrió lo que observadores políticos consideran una seria derrota parlamentaria cuando el senado aprobó un proyecto de ley contra los despidos.
El proyecto de ley ahora pasa a la cámara de los diputados y, si es aprobada, Macri ha prometido usar el poder ejecutivo del veto. El considera que sería lesiva para la creación de empleos.
En sus cuatro meses de gobierno, Macri ha implementado un vigoroso plan de reformas económicas y en contra de la corrupción, que ha sido fuertemente atacado por una amplia gama de sectores que apoyaban el antiguo gobierno de Cristina Fernández. Ella misma se ha visto obligada a comparecer ante la justicia bajo acusaciones de maniobras ilegales en la venta del dólar a futuro.
Las medidas de Macri han resultado en la pérdida de 130,000 empleos, sumiendo en la pobreza hasta 1.4 millones argentinos, según cifras del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El gobierno ha negado la veracidad de las anteriores cifras, señalando que aunque sí han tenido lugar despidos, no pasan de 10,000. Sostienen que aunque no sea fácil de implementar, la reforma encaminará al país hacia la prosperidad con lo cual es necesaria.
Los sindicatos piden que se decrete una “emergencia ocupacional” y se prohiban los despidos durante 180 días.
Las centrales sindicales argentinas, entre las más poderosas del hemisferio, advirtieron al gobierno que esta movilización del Día del Trabajo es un llamado de atención al gobierno, amenzando con convocar a un “paro nacional si Macri veta la ley antidespidos”.
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