Enormes diferencias de opinión respecto al programa Secure Communities entre la administración de Barack Obama y defensores de los derechos de inmigrantes estallaron el 15 y 16 de agosto con protestas por parte de organizaciones latinas en varias ciudades de EUA, escribe Julia Preston en el New York Times.
En Los Angeles, más de 200 participantes asistieron a una reunión convocada por el comité asesor del programa, donde denunciaron las deportaciones, pidieron la renuncia del comité, y luego se marcharon en señal de protesta.
En Chicago, varias docenas de manifestantes se dirigieron a las oficinas de la campaña de reelección de Barack Obama para entregar miles de peticiones pidiendo un fin al programa, dice.
Similares protestas tuvieron lugar en otras ciudades del país.
Bajo este programa, que mediante una comparación de huellas dactilares verifica el estatus migratorio de toda persona detenida por las autoridades locales, unas 400,000 personas han sido deportadas cada uno de los dos años pasados, dice.
John Morton, director de Inmigration and Customs Enforcement, asegura que 90 por ciento de las personas deportadas eran criminales o individuos bajo órdenes de abandonar el país. Agrega que para el 2013 el programa se habrá implementado en todo EUA, y para ello no es necesaria la aprobación de las comunidades.
Sin embargo, Gregory Chen, de la Organización Nacional de Abogados de Inmigración, presentó un informe según el cual la mayoría de las deportaciones son de personas sin antecedentes criminales, con familiares ciudadanos o residentes legales, y que llevan más de una década en EUA.
En un caso, una mujer que llamó al 911 al ser golpeada por su novio fue reportada a las autoridades de inmigración.
Voceros de la administración dicen que es clave en la estrategia de inmigración. Los opositores dicen que en vez de seguridad ha creado temor en las comunidades y dificultado las relaciones con la policía local.
