Al ver que su hermana estaba siendo víctima de violencia doméstica, Rita Cote llamó a las autoridades sin pensar que su falta de documentos iba a conducir a que la detuvieran. Y eso precisamente fue lo que pasó en Febrero del 2009: los oficiales de la policía local se llevaron a la inmigrante hondureña de 25 años, casada con un ciudadano estadounidense y madre de cuatro, entregándola a funcionarios de la ICE (Immigration and Customs Enforcement), quienes la tuvieron presa durante una semana.

Igual que miles de hondureños, Cote dejó su patria en 1998 luego de la destrucción masiva que produjo el huracán Mitch. Si la deportan, dice el Huffignton Post, corre el riesgo de estar separada de su marido e hijos por diez o más años.

Por lo general, las autoridades locales se abstienen de exigir el estatus migratorio en las comunidades. Primero, porque no es su jurisdicción. Y luego porque precisan ganarse su confianza y asistencia para combatir la criminalidad. Pero son este tipo de casos, en que se intenta deportar inmigrantes sin antecedentes criminales, los que crea el temor entre la gente.

Lamentablemente, la administración Obama no ha sido gran ayuda, ya que ha batido el récord de deportaciones, no solo de criminales sino también de inmigrantes sin antecendentes criminales (que a veces son más fáciles de capturar que los criminales). Cuadro estadístico.

La Unión Americana de Libertades Civiles entabló un pleito el 25 de enero, alegando que el arresto de Cote se basó en un perfil racial, ya que las autoridades locales pidieron que los residentes mostraran identificación. Pero el mal está hecho: la seguridad en las comunidades de inmigrantes está sufriendo a diario y la gente está perdiendo comenzando a temerle a la policía. ¿Y quién gana? Los criminales.

Artículo en inglés