Por Gilberto Loaiza Cano. CALI, Colombia, Noviembre 2011. El gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado que está dispuesto a dar su brazo a torcer y va a retirar su propuesta de reforma a la educación superior en Colombia.

El sólo anuncio es un cacho de triunfo de nuestros estudiantes, los principales constructores de esta movilización que hizo declinar el propósito del gobierno de imponer una reforma de muy mala calidad cuya única justicia fue servir de pretexto para congregar muchas voluntades y poner a discutir, esta vez muy en serio, acerca de cuáles deben ser los auténticos contenidos de una reforma a la educación en un país que no sale del atolladero de la violencia política, que desperdicia sus recursos en presupuesto militar y ostenta una de las cifras mundiales más indignantes en la desigual distribución de la riqueza.

Los estudiantes han instruido en varias cosas. Al gobierno demostró que hay un contingente generacional capacitado para discutir con argumentos y métodos ingeniosos de protesta; instruyó al izquierdismo hirsuto y dogmático que es mejor la alegría, la preparación intelectual, la conversación con sustento estadístico e histórico; a los profesores universitarios – a sus maestros- que en algunas circunstancias de la vida no vale el término medio, la ambivalencia o, como decimos entre nosotros, pasar de agache. Los estudiantes han desnudado un movimiento profesoral medroso y cómplice que, muchas veces, ha actuado a favor de la privatización de lo público. Y han revelado a esta sociedad del miedo, llamada Colombia, que todavía es posible conseguir algo mediante una protesta sostenida, organizada y festiva.

El anuncio del presidente Santos puede ser el inicio de un nuevo capítulo de este movimiento universitario, que consiste en preparar un escenario de discusión de lo que debe ser la educación –no solamente universitaria- en un país lleno de frustraciones como Colombia. Hasta ahora ha quedado claro que el Estado tiene que ser responsable del derecho a la educación y que no se trata de una masificación a bajo costo y en desmedro de la calidad. Pero se ha puesto en evidencia que el temario es mucho más amplio; esta coyuntura ha vuelto los ojos sobre cómo han venido funcionando nuestras universidades, cómo han sido dirigidas, quiénes las han usufructuado. Por eso, un punto crucial a discutir va a ser, suponemos, la autonomía universitaria, la puesta en práctica de criterios democráticos y de méritos en  el gobierno de las universidades.

Mientras sucedía esta movilización audaz y valiente en contra del proyecto de reforma gubernamental, en algunas de nuestras universidades fueron designados rectores por el recurso anti-universitario de consejos superiores compuestos de agentes externos a las universidades que esos rectores van a dirigir. Los rectores han sido, así, elementos ambiguos de los que no se sabe con certeza si son representantes de grupos empresariales y políticos regionales o representantes genuinos de una comunidad universitaria a la que le deben rendir cuentas de sus actos.

La investigación en la universidad también se ha puesto en debate; investigación aplicada según las demandas empresariales; investigación según exigencias de pertinencia externas o investigación que corresponda con las tradiciones y expectativas de comunidades científicas. Investigar para ayudar a concentrar la riqueza en unos pocos, o investigar para poner en cuestión el modelo económico, el orden social y el sistema de valores.

Si esta movilización universitaria, con el liderazgo indiscutible de los estudiantes, ha obligado al gobierno de Santos a dar un paso atrás, entonces es muy posible que en las universidades públicas colombianas logremos, al menos, lanzar una advertencia a quienes han sido, hasta ahora, los responsables –por convicción u obediencia- de la privatización de lo público; a esas familias de políticos disfrazados de profesores universitarios que han puesto los recursos públicos en función de intereses particulares y que han encontrado en las fisuras reglamentarias la prolongación casi monárquica en cargos de dirección. El comportamiento ambivalente de los profesores universitarios revela la tragedia de su condición oscilante entre ser un técnico al servicio del Estado o uno de sus principales críticos; en medio de este dilema hay muchas posibilidades en la tienda de los disfraces.

Tenemos en adelante el desafío de dotar de sustancia la discusión acerca de lo que debería ser la educación en Colombia, a todo nivel, con una posible redefinición de las tareas y prioridades que debe asumir el Estado. Es una encrucijada que, según cómo se resuelva, va a determinar la vida de varias generaciones de estudiantes en Colombia. Eso supo presentirlo el movimiento estudiantil, es un gesto de altruismo histórico que deberá tener alguna recompensa.

Gilberto Loaiza Cano, loaizacanogilberto@hotmail.com

Doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios de América Latina de París.

Profesor Titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle