El fallo de la juez Susan R. Bolton sobre la polémica ley de inmigración de Arizona aumentará la presión política sobre el presidente Obama, obligándolo a demostrar que efectivamente puede controlar las fronteras y a continuar con sus intentos por reformar las leyes de de inmigración, concluye en un análisis noticioso Julia Preston del New York Times.

El fallo de la juez Bolton afirma claramente la autoridad principal del gobierno federal sobre las legislaturas estatales en materia de inmigración.

La ley había de entrar en vigencia el 29 de julio, y a raíz de este fallo, cláusulas claves han sido suspendidas temporalmente hasta que termine la juez de escuchar la demanda, presentada por el gobierno federal el 6 de julio. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien firmó la ley en abril, dijo que apelaría la decisión de la juez.

La juez coincide con el gobierno federal en que muchas disposiciones del estatuto de Arizona podrían interferir con la ley y las normas federales. Las cláusulas –que han despertado intensas pasiones a favor y en contra– exigen que todo inmigrante lleve consigo documentación migratoria y requiere que los oficiales de la policía estatal determinen el estatus migratorio de cualquier persona que detengan no importa el motivo si “sospechan” que pueden estar en el país ilegalmente.

La policía, escribió la juez Bolton, tendría que cuestionar la situación migratoria de todas las personas que paren, algo que generaría una enorme volumen de solicitudes a las autoridades federales de inmigración para las confirmaciones.

Existe, además, un “riesgo considerable de que los funcionarios injustamente detengan extranjeros residentes legales”, escribió, advirtiendo que los turistas extranjeros también podrían ser detenidos injustamente.

Según la juez, la ley aumentaría “la intrusión de la presencia policial en las vidas de los extranjeros que se encuentren legalmente (e incluso los ciudadanos de Estados Unidos), que necesariamente serán detenidos en redadas”.

Según Julia Preston, este fallo también es una advertencia a los otros estados para que dejen los asuntos migratorios al gobierno federal. Nueve estados de la Unión habían presentado apoyando a Arizona.

Artículo en inglés

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