Más de 20 años después del crimen, bajo el principio de jurisdicción universal la justicia española ha formulado cargos criminales y órdenes de detención contra el alto mando militar salvadoreño durante la guerra civil, acusando de planear y ejecutar meticulosamente el asesinato de seis jesuitas, su ama de llaves y la niña de ella, escribe Elizabeth Malkin en el New York Times.
Los acusados incluyen a Rafael Humberto Larios, ministro de defensa cuando tuvo lugar el crimen; Juan Orlando Zepeda, vice ministro de defensa; René Emilio Ponce, jefe del estado mayor; e Inocente Orlando Montano, vice ministro de seguridad pública.
Agrega que Ponce, considerado ser el que dió la orden, murió en mayo en Salvador. Montanano ya está detenido.
Dice que en una guerra que se distinguió por la brutalidad, el asesinato en 1989 de los jesuitas estremeció la nación y el mundo. Creó una crisis de relaciones entre EUA, que apoyaba las fuerzas militares de El Salvador en su guerra contra el Frente Farabundo Martí, e intensificó presión para que entrara el gobierno en negociaciones de paz, apunta.
Cinco de los jesuitas eran de nacionalidad española.
Cortes españolas usaron el mismo principio de jurisdicción universal para formular cargos criminales contra Augusto Pinochet.
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