Los ataques del gobierno estatal de Arizona contra la comunidad latina o chicana continúan con la declaración por parte del nuevo Fiscal General, Tom Horne, de que el programa de estudios mexicanoamericanos del distrito escolar de Tucson viola una ley que entró en vigencia el 1 de enero, informa Marc Lacey en el New York Times.
Dice que Horne, recientemente elegido Fiscal General, afirma que la ley tiene como objetivo fomentar el resentimiento social dentro la población chicana. El mismo la escribió en su cargo anterior como superintendente de instrucción pública. La ley, conocida como HB2281, fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en mayo en medio de las protestas a raíz de la polémica ley de inmigración.
La ley ataca especialmente el programa de estudios étnicos latinoa la vez que se abstiene de mencionar programas similares para estudiantes asiáticos, afroamericanos o americanos nativos. Prohibe las clases que “estén diseñadas principalmente para los estudiantes de un grupo étnico específico”, “apoyen la solidaridad étnica en lugar de tratar a los pupilos como individuos” y “promuevan el resentimiento hacia una raza o tipo de personas”.
En el programa de estudios étnicos, dice el Times, “Los métodos de enseñanza son a veces poco convencionales, con instructores analizando la letra de canciones de hip-hop y rociando sus lecciones con palabras en español”.
Según el Times, el estado de Arizona teme de que la nueva ley esté fomentando el activismo entre la población chicana. Textos escolares como “La pedagogía de los oprimidos” y “América ocupada” causaron la ira de varios legisladores.
Algunos en Arizona comparan a Tom Horne con el tristemente célebre jefe de policía de Alabama Bull Connor, que llegó a simbolizar el racismo blanco contra los afroamericanos durante el movimiento de los derechos civiles. Pero, agrega el Times, Tom Horne asegura actuar de buena fe, hasta el punto que se ha esforzado por aprender el español.
Informa el Times que 11 maestros del programa han entablado un pleito federal cuestionando la constitucionalidad de la nueva ley.
