La administración Obama con frecuencia usa el ejemplo de la prosperidad en Colombia como prueba de que el compromiso de EUA — su ayuda económica, militar y técnica — puede levantar a un estado asediado por terroristas.
Es un caso cuyo éxito esgrimen como modelo de la estrategia en en Afganistán.
Pero la realidad es bastante menos halagadora, escriben escriben Karen DeYoung y Claudia J. Duque en el Washington Post.
Dicen que durante la pasada administración de Alvaro Uribe, el dinero que EUA envió a Colombia para combatir el terrorismo y el tráfico de narcóticos se usó en campañas de calumnias políticas contra los enemigos del presidente.
Los crímenes de abuso de poder y otros actos ilegales incluyen espionaje de ciudadanos financiados, dicen.
Dinero estadounidense, equipo y entrenamiento entregado a las unidades élites de los servicios de inteligencia colombiana durante la década pasada con fines de aplastar las redes de traficantes de cocaines se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y de calumnias contra jueces de la Corte Suprema, oponentes políticos del Uribe y grupos de la sociedad civil, según indican documentos policiales que ha obtenido el Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos oficiales de la inteligencia colombiana.
Agregan que cuatro de los principales asesores de Uribe están bajo investigación y el ex secretario de la presidencia Bernardo Moreno está preso esperando ser juzgado por conspiración y otras acusaciones.
Por su parte Uribe, quien no concedió entrevista al Washington Post para el artículo de 3 páginas, ha negado haber violado la ley y afirma que se trata de una persecución política.
