Reproducido con permiso de Periodista Crítico. Por Alejandro Balbuena — Hace poco que mundialmente ha saltado la noticia: la filial de Repsol va a ser expropiada por el gobierno de Argentina. Y las reacciones no se han hecho esperar. Al principio, cuando era un secreto (a voces) la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el titular de Industria, Cristóbal Soria no sabían si debían enemistarse del todo con Argentina. De ahí el anuncio de que anunciarían medidas.
Cuando el secreto dejó de serlo y el gobierno argentino anunció oficialmente su intención de nacionalizar YPF, es cuando se han desatado todo tipo de acusaciones cruzadas. Muy hábil fue la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al describir la forma que tomaba la caída de inversiones de la filial petrolera como una “trompa de elefante”. No se pudo decir más con menos. La Casa Real está presente, sin quererlo, hasta en los conflictos diplomáticos. Después le tocó el turno al ministro de Exteriores. García Margallo habló de que “Argentina se había dado un tiro en el pie”. Toda una metáfora.
Más allá de los dimes y diretes de los ejecutivos de España y Argentina, asombra ver la reacción del Gobierno en lo que ya se califica como conflicto diplomático. Los principales miembros del Ejecutivo español se han rasgado las vestiduras con el anuncio de la presidenta Fernández de Kirchner en una llamada al orgullo patrio que recuerda a los primeros colonizadores, con la diferencia de que las espadas se han convertido en barriles de petróleo. Pero más sorprendente es que los principales órganos europeos y estadounidenses han arropado a España y sus intereses.
La Comisión Europea y el FMI han criticado el peligro de la actuación socialista de Kirchner. Curioso lo que importa ahora una empresa ¿española?, sobre todo cuando desde hace meses ambas instituciones sólo hacen cuestionar la política española, desconfiar de su economía e impulsar la depresión económica a través de recortes. Hay una pregunta que flota en el ambiente. Al menos, yo la he percibido. ¿Por qué esa respuesta tan feroz por parte del gobierno español y los organismos internacionales? ¿Es acaso Repsol una compañía estatal? O mejor dicho, ¿es acaso YPF una compañía española? Los expertos y eruditos salen en manada argumentando el peso que tiene Repsol y su filial en la economía española enarbolando la bandera española sin reflexionar sobre sus conclusiones. Voy a recordar, sucintamente, algunos datos para desmemoriados e indagadores.
Hasta el momento, Repsol controlaba algo más del 57% de YPF, la filial petrolera que opera en Argentina. Pero sigamos la máxima de perseguir la senda del dinero para comprobar quién es el jefe del cotarro. El accionariado mayoritario de Repsol (68%) está bajo el paraguas del Free Float, es decir, el capital flotante que forma parte de las acciones que participan en bolsa. El 42% de estas acciones están en manos de instituciones extranjeras. Pero esto no es todo. Casi el 10% del capital estable de la compañía está en manos de PEMEX, a la sazón, Petroleros Mexicanos.
Volvamos ahora a plantear la pregunta. ¿Es YPF española? No. Lo que queda del Repsol español es la marca. Máxime cuando la propia compañía reconoce que opera en diferentes offshores, el eufemismo que las empresas neoliberales han acuñado para definir sus actividades en paraísos fiscales en los que evitan trabas legales, medioambientales y, por supuesto, impositivas. La ‘españolitis’ se queda sin argumentos para justificar la defensa a ultranza de YPF.
Aunque hay un denominador común que comparte el Gobierno español con los organismos internacionales. Precisamente la presión que ejercen los inversores, en este caso de Repsol, que observan cómo sus acciones se devalúan y pierden su influencia en la filial argentina. No nos engañemos, es la razón económica la que alienta los fantasmas del pasado y sitúa la actuación socialista de Kirchner en el ojo del huracán. Pérdidas económicas y socialismo, los dos tabús de los inversores capitalistas, se han unido en torno a YPF, de ahí que la maquinaria del establishment se haya puesto a funcionar a marchas forzadas.
En tiempos de crisis, es cotidiano apelar al orgullo y a lo patrio para fortalecer el decaído espíritu del español de a pie. Pero es lamentable que estos comportamientos lo insuflen nuestros representantes políticos y las instituciones reguladoras de la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de los motivos que han llevado a la nacionalización de YPF –entre los que se encuentran la caída de inversión en la compañía y sus efectos económicos, laborales y medioambientales – las empresas no deben gozar de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, un gobierno democrático y legítimo no debe lanzarse a una cruzada para defender unos intereses que no son los de su pueblo soberano, sino los de una elite económica, eso sí, que tiene más peso e influencia que toda la masa de ciudadanos. Ya lo resume la sabiduría popular: no es cuestión de cantidad, sino de calidad.
