Danielle Marie Mackey publicó en The Intercept una entrevista con Gustavo Castro, activista ambiental del estado mexicano de Chiapas, quien se encontraba en Honduras con Berta Cáceres cuando fue asesinada por sicarios el 3 de marzo pasado. Los asesinos dispararon contra él antes de fugarse.
Cáceres había sido amenazada por su trabajo en contra de DESA, empresa encargada del monumental proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Según explicó Castro en la conversación telefónica, unos 100 activistas han perdido sus vidas en la última década en Honduras, nación donde la impunidad reina.
Reproducimos un segmento en el que Castro discute el efecto que la construcción de hidroeléctricas está presentando en América Latina.
La extensa entrevista está disponible en español e inglés.
¿Cómo explicas que oponerte a las represas hidroeléctricas resulte ser una amenaza tan grande?
No es así solamente en Honduras — también sucede en Guatemala, México, Chile, etc. Una de las razones es que las represas significan la inundación de grandes territorios de selva, de bosques, y de territorios indígenas y campesinos. Y eso genera una reacción muy fuerte de los pueblos, porque son miles y miles los desplazados violentamente.
Por otro lado, uno de los mayores negocios en este momento es la venta de energía eléctrica, especialmente en América Latina, porque los tratados de libre comercio están abriendo a las empresas transnacionales las grandes inversiones. Y eso qué significa? Por ejemplo: los tratados de libre comercio permiten a las grandes inversionistas la instalación de maquiladoras, de parques industriales, de infraestructura, de minas, todas son cosas que consumen muchísima energía y muchísima agua. Tomá en cuenta que una mina de oro utiliza de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora, y eso implica ceder el agua de las comunidades, sus ríos, los pozos. Y utilizarlo para generar energía eléctrica para los grandes corredores industriales. Entonces la venta de la energía, y por lo tanto las inversiones en energía, son de los negocios más rentables para la gran capital. Pero implica enfrentarse en una disputa por el territorio con las comunidades campesinas e indígenas.
Si a eso le sumamos que bajo el Protocolo de Kyoto han inventado la estúpida idea que las represas generan energía limpia, entonces vemos que para ganar bonos de carbón y reducir los gases invernaderos, los países del norte invierten en represas. Por esto tenemos un mundo de construcción de represas.
Hoy casi todos los países de América Latina tienen tratados de libre comercio con los EEUU, Canadá, Europa, y algunos también con Asia. Significa que tienen que modificar su constitución, sus reglamentos ambientales que rigen el agua, la energía y la inversión extranjera, para adoptar a los nuevos marcos de libre comercio. Si no las empresas te demandan. Y para los gobiernos les es más fácil reprimir que pagar las indemnizaciones que los tratados de libre comercio les obligan a otorgar a las empresas. Sirve de ejemplo el caso de El Salvador y la mina de oro. El Salvador ha tenido que gastar millones de dólares para defenderse de la demanda de una empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco Mundial. Estamos hablando de una mina, pero imagínate 10,000, 15,000 — estamos hablando de miles de concesiones mineras en la región. Y si a eso le sumás las represas, y las carreteras, los puertos, los aeropuertos, el fracking, el petróleo, los grandes centros comerciales, las zonas económicas especiales, las ciudades modelo, los grandes conjuntos turísticos de élite — hay tantas concesiones.
Si los gobiernos hacen eco de los reclamos de derechos humanos de los pueblos — por contaminación del agua, por afectaciones de tierras, por no tomar en cuenta la información previa y consentida de las comunidades — o si expulsan a una empresa porque derramó al río su desecho tóxico, porque asesinó pueblos, porque la gente que vive cerca del sitio de la mina está enferma de cáncer como es el caso en Honduras, México y Guatemala — si los gobiernos deciden hacer algo con esos reclamos de derechos humanos, y expulsan a las industrias extractivistas, ellos tendrán que pagar millones y millones de dólares que no tienen. Cada país tendría que vender su propio país 20 veces para acabar con la deuda. Entonces no es fácil de resolver.
Eso lleva al enfrentamiento con los pueblos. Y significa un enfrentamiento cada vez más terrible por cosas como el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, así que los gobiernos van a preferir criminalizar la protesta ciudadana, que antes era un derecho humano: el derecho a la movilización pacífica. Ahora todo eso lo llaman “terrorismo,” “violencia.” Es una criminalización de los derechos humanos.
Foto Ginnette Riquelme/Reuters/Newscom via The Intercept
