nyt agosto 26, 2022

No importa los riesgos políticos, es menester un juicio al expresidente

El consejo editorial del New York Times exige un juicio criminal contra el expresidente Donald Trump, en una extensa columna publicada el 26 de agosto 2022.

La junta argumentó que no obstante los riesgos de violencia que podrían estallar con la imputación de Trump, es una medida justificada, sabia y absolutamente necesaria, porque Trump ha “traído vergüenza” a Estados Unidos y “desestabilizado su futuro” con sus presuntos delitos.

La columna, titulada “Donald Trump no está por encima de la ley”, comenzaba con la declaración clara: “El asalto sin precedentes del Sr. Trump a la integridad de la democracia estadounidense requiere una investigación criminal”.

Hemos traducido excerptos.

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Según informes, el Departamento de Justicia está examinando la conducta de Trump, incluido su papel en tratar de anular las elecciones y llevarse a casa documentos clasificados. Si el fiscal general Merrick Garland y su equipo concluyen que hay pruebas suficientes para establecer la culpabilidad de Trump por un cargo grave en un tribunal de justicia, entonces también lo deben imputar a él.

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Los riesgos de una escalada política son evidentes. Los partidos Demócrata y Republicano ya están en medio de un ciclo de retribución que podría durar generaciones. Existe un riesgo sustancial de que, si el Departamento de Justicia enjuicia a Trump, los futuros presidentes, ya sea el propio Trump o alguien de su calaña, puedan hacer un mal uso del precedente para castigar a los rivales políticos. Si su partido obtiene la mayoría en la Cámara de Representantes después de las elecciones intermedias, algunos republicanos ya han amenazado con acusar al presidente Biden.

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Sin embargo, el riesgo es mucho mayor si no se hace nada cuando se requiere acción. Además de permitir que Trump escape al castigo, no hacer nada para responsabilizarlo por sus acciones en los meses previos al 6 de enero podría sentar un precedente irresistible para los futuros presidentes. ¿Por qué no intentar permanecer en el poder por cualquier medio necesario o usar el poder del cargo para enriquecerse o castigar a los enemigos, sabiendo que la ley no se aplica a los presidentes en ejercicio o fuera de él?

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Más importante aún, el gobierno democrático es un ideal que debe hacerse realidad constantemente. Estados Unidos no se sustenta en un conjunto de principios; se sustenta en su acción contundente para defender esos principios.

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Los delitos específicos que el Departamento de Justicia podría considerar probablemente involucrarían los esfuerzos fraudulentos de Trump para que funcionarios electorales en Georgia, Arizona y otros lugares lo declararan ganador a pesar de que perdió sus estados; lograr que el Sr. Pence, en la certificación de las elecciones del Congreso del 6 de enero, elimine las listas de electores de los estados que perdió y los reemplace con electores leales al Sr. Trump; y reclutar a funcionarios de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Defensa para persuadir a los funcionarios de ciertos estados de inclinar la elección hacia él y, en última instancia, incitar a una turba que atacó el Capitolio. El gobierno también podría acusar a Trump de conspiración sediciosa, un cargo grave que los fiscales federales ya presentaron contra los líderes de las milicias de extrema derecha que participaron en la invasión del Capitolio.

Acto seguido de la insurrección del 6 de enero, los miembros del gabinete debatieron en privado si retirar a Trump del poder bajo la autoridad de la Enmienda 25. Una semana después del ataque, la Cámara realizó un segundo juicio político (impeachment) a Trump.

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Si el Sr. Garland decide iniciar un proceso judicial, un mensaje que el Departamento de Justicia debe enviar temprano y con frecuencia es que, incluso si Trump realmente creía, como afirmó, que las elecciones habían sido afectadas por el fraude, sus planes para interferir en la certificación del voto seguirían siendo delitos. Y aunque los esfuerzos Trump fracasaron, estos esfuerzos seguirían siendo delitos. Más de 850 estadounidenses ya han sido acusados de delitos por su papel en el ataque al Capitolio. Las buenas intenciones no los protegieron de las consecuencias de sus acciones. Sería injusto que Trump, el hombre que los inspiró, no enfrentara las consecuencias.

Nadie debería deleitarse con la perspectiva de que este o cualquier expresidente enfrente un proceso penal. Las acciones de Trump han avergonzado a una de las democracias más antiguas del mundo y han desestabilizado su futuro. Ni la justicia ante la ley borrará esa mancha. Procesar a Trump tampoco solucionará los problemas estructurales que llevaron a la mayor crisis de la democracia estadounidense desde la Guerra Civil. Pero es un primer paso necesario para hacerlo.

Editorial en inglés en New York Times