Fernando Molina, en El País edición internacional, recuerda el papel de Añez Chavez en el derrocamiento de Evo Morales.
“El día que la cúpula militar forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en vídeo. Allí el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, “sugirió” al presidente “que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. El militar justificó que tomaban esa posición por la “escalada del conflicto” que atravesaba el país frente a las protestas por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de octubre.
“Kaliman es ahora buscado por presuntos actos de “terrorismo, sedición y conspiración”. También se busca al general Sergio Orellana que, como sucesor de Kaliman, ocupó el mando de las Fuerzas Armadas cuando la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la presidencia interina del país. Orellana debe responder además por la muerte de 30 personas en unas protestas contra la mandataria interina que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Por este último caso, un comandante militar y uno policial se encuentran bajo detención domiciliaria. Según las investigaciones de la Policía, el excomandante Orellana abandonó el país a fines del año pasado y ahora vive en Colombia.
“El exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Flavio Arce, fue el único que se presentó voluntariamente ante las autoridades y fue arrestado de inmediato. Está a la espera de acceder a la detención domiciliaria, como lo han hecho los otros altos cargos militares procesados en el pasado. Otro de los buscados es el excomandante Yuri Calderón, que en noviembre de 2019 se declaró en rebeldía contra el Gobierno de Morales. La Policía allanó sin éxito dos domicilios para dar con el excomandante. Si está fuera del país, no lo ha hecho legalmente, según los registros”.
Como ex Presidente de #Bolivia y Presidente del MAS-IPSP no me cansaré de pedir justicia para 36 víctimas fatales, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente, centenar de perseguidos judicialmente y exiliados y asedio a Embajada de México, con proceso justo y sanción en ley.
Esclarecer el Golpe de Estado de noviembre de 2019, hecho doloroso que cuenta con testimonios y elementos jurídicos y constitucionales, no solo es defender la democracia en Bolivia sino también la de América Latina y del Caribe.
Después de más de un año del golpe de Estado cívico, policial y militar en #Bolivia, no pudieron demostrar que hubo fraude electoral con un informe de OEA ampliamente rebatido. La mejor prueba es el resultado de la elección de 2020: el MAS-IPSP obtuvo el 55 % de votos del pueblo.
Instituciones, universidades y expertos internacionales emitieron, al menos, 8 informes técnicos que prueban que no hubo fraude y que #OEA no hizo auditoría sino un informe anticipado, sesgado e incompleto, sin base para demostrar supuesto fraude, que solo impulsó golpe de Estado.
