BOGOTA. Por Luis Fernando Parra. Especial para El Molino. Con la reciente ¨apertura de investigación¨ por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el exministro de Transportes de Álvaro Uribe, y la muy segura detención, en un par de días, de los que fueran su Secretario General y la Jefe del Departamento de Seguridad del país (asilada hoy en Panamá) por violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad, la justicia colombiana investiga ya a casi todos los ex funcionarios de alto nivel de Uribe por malos manejos de recursos públicos, corrupción administrativa, sobornos y delitos contra la democracia.
De esta manera, a los anteriores exfuncionarios se suman los investigados ex ministros de Salud, Agricultura, Interior y Justicia, y todo indica que la cabeza de todo ese andamiaje de corrupción se encontraba en el Palacio de Nariño, la casa de los presidentes.
De encontrarse serios indicios en este sentido, el ex Presidente Uribe sólo puede ser juzgado, no por la justicia ordinaria si no por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, organismo cuyo control se encuentra en manos del partido de gobierno y muy cercano a Uribe quien, durante sus ocho años de gobierno se propuso, con cierto éxito, debilitar al órgano judicial de la Nación, que ahora tiene un nuevo aire bajo la administración del Presidente Santos.
¿Hasta cuándo? Es la pregunta que se formulan hoy los colombianos.
