A solo horas de que la juez federal Sharon Lovelace de Birmingham, Alabama, confirmara el 28 de septiembre la mayoría de las disposiciones de la ley de inmigración del estado de Alabama, ésta entró en vigencia y comenzó el éxodo de familias hispanas del estado.
Según Campbell Robertson en el New York Times “Dejaron tras de sí viviendas móviles, las que vendieron con todos sus muebles por mil dólares, incluso menos. Otros sencillamente cerraron y, con un gesto de optimismo, dejaron las llaves con un vecino. Alimentaron una vez más a los perros; si no se les pudo encontrar dueño, sencillamente los dejaron libres”.
Algunos se marcharon en medio de la noche, dice.
Huyen de la nueva medida, confirmada por la juez, que permite a la policía estatal pedir papeles de inmigración de cualquier conductor que paren por un incidente de tráfico rutinario, invalida la mayoría de los contratos con los inmigrantes ilegales y obliga a los padres a mostrar el estatus migratorio de sus hijos.
Ahora, muchas familias hispanas han sacado a sus hijos de las escuelas del estado.
Muchos llevaban de 5 a 10 años en el estado, agrega.
En Albertville, por ejemplo, habían sido atraídos por la planta de procesamiento de gallinas, donde traían una disposición de trabajar largas horas por salarios que, si bien algunos residentes consideraban bajos, no lo eran para ellos.
El Times entrevistó otros residentes del área, que parecen estar a favor de la medida.
¿A donde se han ido?, pregunta. “A Tennessee, Illinois, Oregon, Florida, Arkansas, México — nadie sabe. A cualquier sitio menos a Alabama”.
Agrega el Times que la administración Obama ha entablado un desafío en los tribunales federales.
