Cuando el 26 de septiembre, en Iguala, estado mexicano de Guerrero, seis estudiantes fueron abatidos, 25 resultaron heridos, y 43 fueron detenidos por las autoridades para seguir desaparecidos hasta el presente, el mundo escuchó nuevamente sobre los niveles de violencia en México, nación de 122 millones de habitantes.
Sin embargo, poco se dice sobre otra fase de la terrible ola de violencia en donde encontrar cadáveres mutilados y fosas comunes se ha convertido en parte de la día a día en muchas partes del territorio: los desaparecidos.
Son decenas de miles, según la prestigiosa organización pro derechos humanos Human Rights Watch.
A comienzos de mes, Human Rights Watch en una carta a Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, denuncia las desapariciones, haciendo referencia al documento “Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada”, publicado en febrero 2013.
Recuerda Human Rights Watch que en dicho informe presentó una serie de “pasos cruciales que el gobierno debería adoptar”. Aquí los reproducimos:
- Dar a conocer los nombres de las 30,000 personas cuyo paradero se desconocía y fueron encontradas, así como de las 22,000 personas que siguen sin ser localizadas;
- Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentadas por personas y Estados, e invitar a sus miembros a que realicen una visita oficial a México;
- Asegurar que la definición de desaparición forzada contenida en los distintos códigos penales, tanto a nivel federal como en los estados, sea coherente en las diferentes jurisdicciones e incluya todas las conductas contempladas en las definiciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En especial, debe asegurarse que la definición incluya las desapariciones cometidas por organizaciones o personas que actúen en representación de funcionarios estatales, o con su apoyo (directo o indirecto), su consentimiento o aquiescencia;
- Modificar la definición y el proceso de declaración de ausencia establecido en el Código Civil Federal para evitar que los familiares de personas desaparecidas pierdan el acceso a servicios sociales básicos, y promover reformas similares en el ámbito de los estados;
- Reglamentar la Ley General de Víctimas;
- Adoptar una estrategia clara de prevención del delito para frenar las desapariciones, que incluya un análisis profundo del modus operandi de las fuerzas de seguridad en casos de presunta desaparición forzada;
- Elaborar indicadores claros para medir el avance en la implementación de los objetivos del Programa Nacional de Derechos Humanos vinculados con el problema de las desapariciones; y
Tomar la iniciativa para asegurar una colaboración efectiva entre autoridades federales y de los estados, así como entre las distintas autoridades federales con mandatos similares.
En el portal Animal Político podrá encontrar un recuento día por día de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
