Escriben Michael Shifter y Ben Raderstorf en el New York Times en español. La decisión del Departamento estadounidense de Seguridad Nacional de no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) a casi 200.000 migrantes provenientes de El Salvador es el intento más reciente del presidente Donald Trump para restringir la inmigración legal e ilegal. Los antecedentes de este cambio son los mismos fallos del año pasado respecto de haitianos y nicaragüenses. Sin embargo, los salvadoreños son el grupo más grande de beneficiarios del TPS: aproximadamente dos tercios de los beneficiarios que quedaban.
Al igual que la decisión de terminar con el programa DACA, destinado a casi 800.000 personas indocumentadas que llegaron en su niñez a Estados Unidos, el anuncio de terminar el TPS tiene motivaciones políticas y quizá es un intento por satisfacer a la base de simpatizantes antiinmigrantes de Trump. Aunque la decisión de terminar un programa supuestamente temporal que no obstante duró más de diecisiete años podría sonar lógica, las consecuencias de un cambio tan grande serán serias e inmediatas, y quizá incluso contribuyan a un nuevo ciclo de inmigración ilegal.
Es poco probable que muchos, quizá la mayoría, regresen voluntariamente a un país donde ya no tienen un hogar; en cambio, quizá busquen quedarse de manera ilegal en Estados Unidos. El miedo generalizado que infundió este fallo, así como las posibles deportaciones por venir desintegrarán a familias y comunidades. En términos prácticos, a partir de septiembre de 2019, habrá en Estados Unidos un grupo de migrantes recientemente ilegales tan numeroso como la población de Salt Lake City.
Después de casi dos décadas en Estados Unidos, los beneficiarios salvadoreños del TPS han creado sus vidas, negocios y comunidades en el país. En muchas ciudades —sobre todo Washington y Los Ángeles— son una parte crucial del tejido económico y social. Son los padres de aproximadamente 192.700 ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Irónicamente, si se deporta a los beneficiarios del TPS, los principales favorecidos serán unos de los enemigos declarados del presidente Trump: la pandilla MS-13, a la que ha acusado de transformar en “mataderos sangrientos” a las comunidades estadounidenses. La organización criminal, activa en Estados Unidos y El Salvador, tiene su origen en la inestabilidad derivada de una ola de deportaciones desde Estados Unidos en la década de 1990; El Salvador no estaba bien preparado para recibir a esas personas. No tomó mucho tiempo para que la inestabilidad que resultó de esa decisión volviera a Estados Unidos en la forma de una mayor actividad criminal y en más inmigración ilegal.
