Informa Michael Wines para el New York Times. Desde el momento en que fue anunciada en marzo, críticos de la decisión de agregar una pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020 la describieron como una maniobra para disaudir a los inmigrantes de completar el formulario y mejorar las fortunas políticas republicanas. El Departamento de Comercio, que tomó la decisión, insistió en que era necesaria y carecía de una motivación política.
Ahora, una demanda federal que busca bloquear dicha pregunta ha cubierto de dudas sobre la explicación del departamento y la veracidad del hombre que la ofreció, el secretario de Comercio Wilbur L. Ross Jr. Con ello, ha dado a los demandantes — los fiscales generales de 17 estados, el Distrito de Columbia y numerosas ciudades y condados: amplio margen para buscar pruebas de que los críticos están en lo correcto.
En una audiencia la semana pasada en el Tribunal de Distrito de EUA en Manhattan, el juez Jesse M. Furman concedió a los demandantes permiso para inspeccionar los archivos del gobierno y tomar testimonio jurado de hasta 10 funcionarios del gobierno en un esfuerzo por descubrir cómo y por qué se tomó la decisión sobre la ciudadanía .
La administración ha afirmado que se precisan mejores datos sobre la ciudadanía de los adultos en edad de votar para hacer cumplir la Ley de derechos electorales. Pero la evidencia adicional podría arrojar dudas sobre esa explicación y potencialmente sentar las bases para la eliminación de la pregunta del censo 2020.
Después de que cambiara la explicación del Secretario Ross sobre el origen de la pregunta respecto a la ciudadanía, el juez Furman dijo que parecía que el Departamento de Comercio había actuado de “mala fe” cuando decidió agregar la pregunta.
El Sr. Ross dijo en un comunicado del 26 de marzo que el Departamento de Justicia, el cual supervisa la aplicación de la Ley de Derechos Electorales, solicitó que la cuestión se incluyera en los formularios del censo. Pero a fines del mes pasado revirtió el rumbo, afirmando en un memorando que en realidad venía discutiendo la cuestión de la ciudadanía “con otros funcionarios del gobierno” desde poco después de asumir el cargo en febrero de 2017 — y que el Departamento de Justicia había solicitado que se incluyera solo después de que él o los asistentes lo habían pedido.
El juez Furman dijo que la explicación ofrecido en marzo por el Secretario Ross sobre su decisión era “potencialmente falsa” e improbable porque, dijo, el Departamento de Justicia “ha mostrado poco interés en hacer cumplir la Ley de Derechos Electorales”.
