Juan Tena, corresponsal en MADRID- ‘Libertad! ¡Libertad! Esto es lo que se ha oído este fin de semana en la plaza de toros de La Monumental de Barcelona en protesta por la decisión del Parlamento catalán de prohibir la fiesta de los toros en todo el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña.
Ayer domingo se celebró la última corrida de toros en esta plaza centenaria, inaugurada en 1914. El cartel estuvo formado por José Tomás, Juan Mora y el catalán Serafín Marín, que lidiaron seis toros de la ganadería salmantina El Pilar.
Aficionados de todo el país, del sur de Francia y de otros países llegados expresamente para esta corrida, completaron las 20.000 localidades del coso taurino. La primera corrida de toros celebrada en Barcelona tuvo lugar en el año 1.387, hace ahora 624 años .
La de ayer es la última corrida programada por el empresario de la plaza antes de que el uno de enero de 2012 entre en vigor la prohibición, lo que será efectivo si antes, el nuevo Gobierno de la nación surgido de las elecciones del próximo 20 de noviembre no hace algo, como por ejemplo declarar la fiesta de los toros Patrimonio Cultural como hizo en enero pasado el Gobierno de Francia a iniciativa del Observatorio Nacional de las Cultural Taurinas, y promulga una Ley de rango superior que invalide la decisión del Parlamento catalán; decisión que, no obstante, se encuentra en este momento recurrida ante el Tribunal Constitucional, por ser restrictiva de las libertades individuales.
La decisión de acabar con la fiesta de los toros en esa comunidad autónoma partió de una Iniciativa Legal Popular (ILP) presentada por la plataforma antitaurina Prou (Basta) que consiguió reunir 180.000 firmas. Tras debatirse esta iniciativa, el Parlamento catalán aprobó el pasado 28 de julio de 2011 por 68 votos favorables, 55 en contra y 9 abstenciones la prohibición de las corridas de toros en la comunicad autónoma de Cataluña. El voto de 32 diputados de los 48 que tiene CiU (Convergencia y Unión, nacionalistas) y el de 3 de los 37 del PSC (Partido Socialista de Cataluña), fué la que decantó finalmente la balanza a favor de las tesis antitaurinas, respaldadas por ERC (Izquierda Republicana de Cataluña, secesionistas) e ICV (Iniciativa por Cataluña Verde, nacionalistas) y rechazadas por PP (Partido Popular) y C‘s (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía).
Detrás de esta prohibición se oculta las aspiraciones secesionistas de los partidos nacionalistas catalanes. El objetivo es acabar con cualquier rasgo identificativo de la cultura nacional, de España, como es el caso de la fiesta de los toros. Acabar con ella, como también marginal el castellano en favor del uso exclusivo del catalán, símbolo de las señas de identidad, supone dar un paso más en la particular lucha que mantienen desde hace treinta y cuatro años por la hegemonía identitaria del catalanismo y la marginación, exclusión y desarraigo de todo lo común con el resto de España.
En opinión del catalán Albert Boadeyas, director de la compañía de teatro Els Joglars, y una de las personas más cualificadas por haber sufrido el odio nacionalista en sus propias carnes: “Cataluña se ha guiado siempre por la vía del complejo, de no querer parecerse en nada y este no es más que otro intento de quitarse de encima siglos de historia. Pero lo cierto es que Cataluña va a menos en cultura, en economía y también en libertad”. Esto decía en una entrevista de hace tan solo unos días a D. Morán de ABC.
Boadeyas sabe -como la práctica totalidad del país- y así lo subrayaba en esta entrevista que el trasfondo de esta prohibición “nada tiene que ver con la defensa de los animales. Y en caso de tener algo de esto, sería en el sentido de demostrar la inferioridad de unos españoles a los que representa un espectáculo tan brutal”.
Esta es la realidad y no otra: el mantenimiento de la tradición de los correbus (diferentes tipos de suelta de toros, vacas y vaquillas), muy extendida en esta comunidad, no ha sido, por el contrario, prohibida. Todo lo contrario es una práctica que en este caso ninguno de los partidos nacionalistas y secesionistas se han atrevido a denostar o solicitar acabar con ella.
Ahora queda por ver, en tanto no se manifieste el Tribunal Constitucional, lo que previsiblemente no se espera que ocurra antes de dos años, los perjuicios económicos que esta prohibición va a ocasionar: puestos de trabajo e indemnizaciones a los empresarios afectados, aún por definir. Solo una decida intervención del Gobierno de la nación puede poner las cosas en su sitio, es decir proteger las libertades individuales de todos los españoles. Esto vale tanto para los toros, como para el idioma común de todos, el castellano, o cualesquiera otros atropellos contra las libertades de los ciudadanos cometidos por las ansias independentistas de partidos políticos que apenas significan algo en el conjunto del país.
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