Ian Urbina y Catherine Rentz discuten en el New York Times la falta de derecho a representación legal por parte de los inmigrantes indocumentados detenidos en centros a través de EUA.
Las condiciones del encierro solitario para algunos de ellos han sido denunciadas como torturas potenciales, entre otros, por el relator de las Naciones Unidas.
Estos detenidos no tienen derecho a la asistencia letrada debido a que las violaciones de inmigración son delitos civiles y no criminales, dice el Times. (Ello significa que pueden contratar, si tienen los medios, un abogado; pero si no tienen los medios, los tribunales no les asignaran un defensor público).
Mientras que algunas voces han pedido que se extienda el derecho a la representación legal para estos detenidos, otras buscan preservar el statu quo, dice el Times.
Explica que algunos partidarios de controles migratorios más estrictos sostienen que proveer abogados para estos detenidos “solo empeoraría las cosas”. Ya que más inmigrantes podrían permanecer en EUA.
Otros apoyan las duras condiciones de encierro porque impulsan a los detenidos a firmar más rápidamente los papeles, accediendo a irse en vez de adjudicar el asunto.
Sin embargo, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración quiere que los inmigrantes tengan representación legal, argumentando que con una asesoría calificada se reducen las posibilidades de presentar reclamos sin base, o apelar decisiones sin perspectivas de éxito.
Un juez indicó que muchos casos que pasaron frente a él calificaban para permanecer en EUA, pero las personas fueron deportadas por la falta de representación, dice.
Agrega el Times que Anthony D. Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda colectiva en el 2010 destinada a comprobar la constitucionalidad del derecho de los inmigrantes a la asistencia letrada.
El principal demandante en el caso, José Antonio Franco González, quien tiene un coeficiente intelectual por debajo de 55, estuvo detenido ilegalmente por el servicio de inmigración durante cinco años, lo que en opinión de la ACLU podría haberse evitado si hubiera tenido un abogado proporcionado.
“Si el gobierno va a privar a una persona de su libertad a través de un proceso legal”, dijo al Times Romero, “el gobierno debe proporcionar un abogado para aquellos que no pueden pagarlo”.
