Con más de 30,8 millones de casos confirmados de coronavirus y 556, 000 muertes, según datos de la universidad de Johns Hopkins, EUA ha distribuido más de 219 millones de dosis, de las cuales 168 millones se han administrado. Ahora, en medio de un optimismo moderado, surge un dilema ético y político: ¿Puede el estado requerir algún tipo de “pasaporte de Covid” para las personas que busquen ingresar en sitios públicos?
La administración Biden había prometido vacunar 100 millones de personas en sus primeros 100 días de la administración, meta que como indican las cifras anteriores se ha logrado con creces.
A través del país, empresas, escuelas y políticos están considerando usar algúnt ipo de prueba digital de vacunación contra el coronavirus, como un importante paso para reactivar la economía.
En New York se ha implementado un “Excelsior Pass”, presentado por el estado como “una forma gratuita, rápida y segura de presentar una prueba digital de la vacunación Covid-19” en caso de que la reapertura de lugares deportivos y de entretenimiento requiera prueba del estado de los asistentes.
Walmart ofrece aplicaciones de verificación electrónica a los pacientes vacunados en sus tiendas para que “puedan acceder fácilmente a su archivo de vacunación”, dijo la compañía.
Según el Times, la idea trae a colación cuestiones legales y éticas:
- ¿Pueden las empresas exigir a los empleados o clientes que presenten pruebas de vacunación contra el coronavirus cuando la vacuna es aparentemente voluntaria?
- ¿Pueden las escuelas exigir que los estudiantes demuestren que se les ha inyectado lo que todavía es oficialmente una profilaxis experimental de la misma manera que requieren vacunas aprobadas durante mucho tiempo para el sarampión y la poliomielitis?
- Y, por último, ¿pueden los gobiernos exigir las vacunas o interponerse en el camino de las empresas o instituciones educativas que exigen pruebas?
Los expertos legales dicen que la respuesta a todas estas preguntas es generalmente sí, aunque en una sociedad tan dividida, los políticos se están preparando para la pelea. Las entidades gubernamentales como las juntas escolares y el Ejército pueden exigir vacunas para la entrada, el servicio y los viajes, prácticas que se derivan de un fallo de la Corte Suprema de 1905 que dice que los estados podrían requerir que los residentes se vacunen contra la viruela o paguen una multa.
Los partidarios de las tarjetas de vacunación digitales están presionando a la administración de Biden para que se involucre, al menos estableciendo estándares de privacidad y para verificar la precisión de los registros.
La Casa Blanca está claramente nerviosa.
“El gobierno no apoya ni apoyaremos un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial”, dijo el martes Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
Otro dilema es cuando y bajo qué circunstancias, reabir la educación presencial. La administración de Biden está realizando una serio esfuerzo por lograr esta meta al cumplirse los 100 días del inicio del mandato, indica una nota en el New York Times.
Alrededor del 80 por ciento de los educadores y personal de las escuales de primaria y segundaria han recibido al menos una dosis de la vacuna.
No obstante estos impresionantes avances, quedan serios desafíos.
Según informa Fox, algunas personas no quieren recibir la segunda dosis. Una de las razones es las posibles secuelas de esta segunda vacuna, especialmente la de Moderna. Para lograr lo que se conoce como inmunidad de rebaño, es preciso que el 75% reciba ambas dosis.
La oposición a los polémicos “pasaportes de vacunación”, surge de la misma gente que negó el impacto del virus, minimizó las muertes, rechazó las máscaras, ahora se opone a las vacunas.
Cualquiera diría que se niegan a creer que, nivel mundial, son más de 132 millones de casos y 2.8 millones de fallecimientos. Y eso sin contar la destrucción social que se deriva de una economía que dio un salto atrás de décadas.
