Fuente y señal de desigualdad, la tenencia de la tierra, puede estar ad portas del cambio impulsado por Petro-Márquez
Extensa nota en la revista digital JACOBIN sobre la necesidad imperiosa en Colombia de realizar una verdadera reforma agraria, tardía medida que, además de tener amplio respaldo popular, tiene el apoyo de la administración Petro-Márquez. Firman la nota Pablo A. Durán Chaparro, Julián Gómez-Delgado y Luis Carlos Cote R.
Como contexto histórico, la nota discute tres intentos fallidos de Reforma Agraria en Colombia entre 1960 y 1990.
Apartes:
“Pero ninguno de estos intentos de reforma logró cambiar la estructura agraria del país. Distintas organizaciones internacionales y entidades nacionales estiman que el índice Gini de tierras en Colombia se ubica entre el 0,8 y el 0,9; en otras palabras, es prácticamente la desigualdad absoluta. Aunque no se han dado esfuerzos de reforma recientemente, las luchas populares siguen insistiendo en lograr una redistribución de la tierra productiva y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Esto se ha evidenciado por lo menos en el Mandato Agrario del 2003, los paros agrarios y cívicos que se han desarrollado desde 2013 y las diferentes mingas o convergencias populares en distintas regiones del país como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
“Algunas de estas demandas también se vieron reflejadas en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC-EP, cuyo primer punto es una reforma rural e integral; también en la plataforma política que respaldó la victoria de Petro y Márquez. Lo que está por verse es cómo el mandato popular por la implementación de una reforma agraria logra cristalizarse en este nuevo gobierno, que tiene la voluntad política de llevarla a cabo y además contará con la participación de muchos actores sociales y populares que históricamente han luchado por la tierra.
“El programa de gobierno de Petro y Márquez perfila un cambio evidente de la política agraria a través de «la distribución equitativa de la tierra». Este cambio tomará forma una vez se estructure el Plan Nacional de Desarrollo para el siguiente cuatrienio, mismo que se ha dicho será el resultado de diálogos regionales que combinen el saber técnico con el popular. Por ahora, el informe técnico de empalme para el sector agro nos da ciertas luces sobre las políticas y acciones que serán priorizadas. En últimas, lo que está en juego es si este nuevo gobierno —que tiene una mayor representación de las luchas populares y agrarias no institucionales—, logrará evitar los vetos de la élite terrateniente rural y la politiquería tradicional para finalmente implementar una reforma agraria. Esta reforma deberá ser verdaderamente redistributiva, y esto solo se alcanza, como señala Saturnino Borras, si se logra afectar la estructura agraria, particularmente en cuanto a la tenencia de la tierra y el control sobre los recursos de ella[3].
“Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) más de 11 millones de hectáreas son aptas para agricultura en Colombia; sin embargo, solamente se usan para estas actividades el 35%. En contraste, para actividades de pastoreo de dedican 38 millones de hectáreas, aunque solamente 8 millones cuentan con vocación ganadera. Una de las principales apuestas del nuevo gobierno es pasar del uso inadecuado del suelo a un uso acorde con su vocación productiva. Esto implica, según el programa, superar la ganadería extensiva y avanzar en la producción agroalimentaria y la implementación de sistemas agrosilvopastoriles. Una de las medidas clave que el equipo de empalme sugiere para acompasar la producción de alimentos con el uso eficiente del suelo es fortalecer las entidades responsables de capturar información sobre la vocación del suelo para poder articularla al catastro rural.
“La ministra de agricultura designada, Cecilia López, ha dicho que las tierras de la reforma agraria del gobierno electo no serán expropiadas sino que serán compradas a sus actuales propietarios y los recursos para ello provendrán en gran medida de los nuevos gravámenes al latifundio improductivo”.
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“Por lo tanto, el resultado de este nuevo intento reformista no se debe reducir, como se ha hecho en el pasado, al simple binomio fracaso-éxito. Es clave preguntarnos qué entendemos por «reforma agraria», no necesariamente para compartir el mismo horizonte de expectativas, sino para orientar —y celebrar— esos cambios agrarios que dejarán de ser esquivos para las fuerzas populares que hoy tienen un pie en la institucionalidad y que exigirán desde las calles, campos y carreteras que se cumpla su mandato.
