El hijo de Marcia DeOliveira-Longinetti fue asesinado el año pasado, pero para la industria de préstamos estudiantiles de New Jersey ello no la exime de pagar decenas de miles de dólares.
Una investigación por el New York Times y ProPublica sobre las prácticas de usura en el estado de New Jersey muestran la falta de humanidad de esos burócratas. El joven estudiante había recibido dinero de dos fuentes: El gobierno federal, que borró la cuenta al enterarse de la tragedia, y el estado de New Jersey. Estos últimos informaron a la madre que “su solicitud no cumple los requisitos para perdonar un préstamo”.
La investigación muestra que, aunque parezca una atrocidad, es práctica común. En otro caso, un estudiante con cáncer no pudo dilatar sus pagos y eventualmente enfrentó una demanda por US$266,000.
Dice el Times que la Autoridad de Asistencia para Estudios Superiores del Estado de New Jersey, “es el programa de asistencia estudiantil basado en un estado más grande del país”. Sus reglas respecto a los préstamos son mucho más estrictas que las de otros estados. Las tasas de interés son más altas, los pagos no pueden ajustarse en base a los ingresos, y no hay programas de ayuda para las personas que han perdido sus empleos o enfrentan problemas financieros de otra índole.
Además, no necesitan aprobación de los tribunales para poder embargar salarios, suspender reembolsos de impuestos, confiscar ganancias de la lotería. Incluso les es posible revocar las licencias profesionales a los deudores.
“Es agiotaje aprobado por el estado”, dice un abogado. “Está diseñado para explotar el fracaso”. La señora DeOliveira-Longinetti, ha realizado ya 18 pagos desde el asesinato de su hijo. Le quedan 92.
