Foto cortesía Colprensa

La vida me ha enseñado que cuando alguien es más inteligente y mejor informado sobre un tema, en lugar de copiar sus ideas uno las debe publicar.  Hoy le cedo mi espacio a nuestra hija Juana Muñoz que tiene una comprensión muy completa sobre la problemática de la aspersión con Glifosato.  Es decir, la receta del requesón de esta semana es de Juana, que además es excelente cocinera.
Reflexión de Juana Muñoz Ucrós
Candidata PhD
Universidad de Cornell

Nacionalicemos la discusión

Como es costumbre, todo asunto relacionado con la política colombiana para el control de los cultivos de uso ilícito arranca, y casi siempre termina, en los pasillos del poder en los Estados Unidos, sea en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado o como esta semana en la Cámara de Representantes.

Allí la representante Alexandria Ocasio-Cortez, reconocida como una combativa figura del progresismo en el partido demócrata presentó una enmienda que establece que los fondos del aporte de los Estados Unidos para fumigación de cultivos ilícitos, incluido en el presupuesto del año fiscal 2021 que comienza el 1 de octubre de 2020 no podrán ser entregados si el gobierno colombiano no demuestra que se está cumpliendo con la legislación.  Eso en concreto significa que el gobierno debe cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que estableció que no se podía utilizar la aspersión aérea mientras el gobierno no demostrara que no había daño alguno para la salud.  Igualmente, la enmienda establece que los programas de erradicación financiados con la ayuda norteamericana deben ceñirse a lo determinado en el acuerdo de paz firmado con las FARC.

 Me parece excelente que el principal donante, y el principal interesado, en la lucha antidrogas en Colombia, le exija al gobierno colombiano el cumplimiento, como mínimo, de las leyes locales.  Pero, lo que es urgente es que los colombianos debemos exigirle al gobierno que nos rinda cuentas a nosotros, no sólo a los Estados Unidos.  En esa rendición de cuentas lo primero que el gobierno debe probar, es que la fumigación sirve para algo más que para poner contentos al Departamento de Estado y a la Casa Blanca. 

Nacionalicemos el debate.  Hagamos lo que le conviene a Colombia, no lo que le produce una sonrisa a Trump.  Seguimos inundados de sembrados de coca, pese a que desde 1978 hasta 2012, durante 34 años, el gobierno de Colombia, desde 2001 con el apoyo del Plan Colombia, fumigó nuestras selvas y roció a los campesinos más pobres con glifosato, destruyendo la biodiversidad, uno de los principales patrimonios de nuestro país y empobreciendo aún más a las comunidades. 

Todo parece indicar que la fumigación no ha funcionado. Sin carreteras, sin acceso a los mercados, muchas veces sin siquiera una señal de celular, es ridículo esperar que un campesino prefiera sembrar banano que coca.  Eso asumiendo que el campesino puede elegir cuando está siendo acosado por la amenaza de los grupos armados que son muchos, muy diversos, pero todos igualmente sanguinarios.  

Cuando el tema se debatía en la Corte Constitucional, el ministro de defensa Guillermo Botero aseguró que regar una hectárea de coca cuesta 2 millones de pesos, mientras que la erradicación manual varía de 4 a 8 millones de pesos.   Al ser cuestionado, el ministro aseguró que la mayoría de esos recursos salen del presupuesto nacional que administra su cartera. Ene se mismo debate el ex ministro de salud Alejandro Gaviria presentó otras cifras. Aseguró que cuesta alrededor de 70 mil dólares (254 millones de pesos a cambio de hoy) erradicar una hectárea de coca porque hay que pasar la avioneta muchas veces. El veneno se riega desde muy alto para que los grupos ilegales no puedan tumbarla, entonces se pierde producto y precisión por muy bueno que sea el piloto. Al final se fumigan 30 ha para erradicar exitosamente una.   Es decir, todo parece indicar que la fumigación no es costo eficiente como lo sostiene el gobierno de Duque.

El informe de monitoreo de cultivos ilícitos que produce la ONU estableció que en 2019 disminuyó el área cultivada en hoja de coca en 9%, pero aumentó la producción de cocaína en 1.5%.  Según Reuters (13 julio 2020) el área de cultivo está en el punto más bajo de los pasados 6 años, pero la producción ha subido un 1.6%.  No hay evidencia que la fumigación aérea funcione, no hay evidencia que sea costo eficiente, en cambio, si hay evidencia que la productividad de los laboratorios ha aumentado. 

El artículo de Semana de hoy asegura que hay 457 millones de dólares en limbo si el gobierno no entrega un reporte en 120 días. Se especifica que 146 millones son para el desarrollo económico. 

¿Tiene sentido gastarse esos recursos en algo cuya utilidad no ha sido demostrada?  No valdría la pena que el gobierno desarrollara una política pública que haga la sustitución de cultivos económicamente viable, invirtiendo en vías terciarias, en presencia del Estado en las áreas hoy en día bajo el control de los grupos armados ilegales, disidencias y guerrillas.  Una política pública que busque el fortalecimiento de las organizaciones locales que promueven nuevas tecnologías, educación y cultivos de valor.

Hasta ahora he planteado que no hay evidencia de que la aspersión aérea haya funcionado.  El Gobierno trató de desviar el debate presentando datos poco creíbles sobre los costos de la fumigación.  En cambio, se ha presentado abundante evidencia del daño que causa el glifosato sin que el gobierno la haya podido controvertir, Ni los académicos, ni los técnicos, ni las fuerzas armadas han podido producir evidencia alguna. Los periodistas tampoco. La fumigación sirve para bajar los números que se reportan en el periódico y ya. Al final de 30 años solo quedan los mismos campesinos abandonados. 

Con la llegada de la pandemia del Covid-19, vamos a vivir una recesión mundial.  Los analistas plantean que se han perdido 20 años de desarrollo, de esfuerzo y de sacrificio de millones de colombianos. 

¿Se justifica, entonces, que el gobierno insista en gastarse esa cantidad de plata en una intervención que no es eficaz ni eficiente y de la que no ha podido probar que no es dañina para las comunidades ni que no destruye el medio ambiente?