En un tiempo se le llamó el Sindicato Antioqueño y hoy en día se le conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño GEA. A finales de los años setenta, tres empresas antioqueñas, líderes de sus sectores, fueron objeto de intentos de toma hostil, entre otros por parte de Jaime Michelsen en ese entonces desde el Banco de Colombia. Suramericana de Seguros, Cementos Argos y la Compañía Nacional de Chocolates se unieron para defender a sus empresas y así nació el Sindicato. Hoy en día el Grupo Suramericana, el Grupo Argos y el Grupo Nutresa son el núcleo del GEA.
Muchas razones se pueden esgrimir para explicar el éxito de este grupo de empresas. Sin duda el buen gobierno ha sido esencial. Y en este caso, el buen gobierno se apoya en una institución fundamental, la junta directiva. En efecto las empresas del grupo empresarial antioqueño tienen una junta directiva activa que participa en el gobierno de la empresa y sobre todo en las decisiones esenciales. Su membrecía es en la mayoría de los casos independiente y deliberante. No hay juntas de papel y no hay miembros de papel.
Las Empresas Públicas de Medellín se crearon con la fusión de las empresas de teléfonos, de acueducto y alcantarillado y de energía de la ciudad. Tras algunas transformaciones, desde 1998 EPM, hoy Grupo Empresarial EPM es una empresa industrial y comercial del Estado, de propiedad del municipio de Medellín, con patrimonio autónomo y rentas propias. EL grupo EPM le transfiere a la ciudad de Medellín una importante parte de sus utilidades que se utilizan para apoyar fundamentalmente la inversión social.
Desde hace varios años, el manejo de la ciudad de Medellín se ha apoyado en un acuerdo público-privado en el que intervienen la academia (EAFIT-Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Antioquia), los sectores sociales -comunidad y sindicatos-, y el empresariado antioqueño, fundamentalmente el GEA y los gobernantes de turno.
Ese acuerdo se manifiesta, entre otras formas, en la constitución de la junta directiva del Grupo EPM y Ruta N el centro de innovación creado por la alcaldía de Medellín con EPM y UNE (que es de EPM) en 2009. La junta directiva de EPM y la de Ruta N operaron hasta hace una semana siguiendo el modelo de las del GEA, es decir eran juntas activas, deliberantes y decisoras.
Mientras en otras ciudades de Colombia el desarrollo de las empresas de servicios públicos ha sido desigual por decir lo menos, EPM se consolidó como la “joya de la corona” de los antioqueños. Mientras Electricaribe era saqueada por los piratas españoles de la triple A con la complicidad de la clase política de barranquilla y de la costa caribe, mientras la capital Bogotá ha tenido infinitos problemas en el manejo de sus basuras, los servicios públicos de los antioqueños, que presta EPM son modelo de calidad, eficiencia y tarifas accesibles.
La fórmula de gestión empresarial del grupo EPM ha permitido el desarrollo que Medellín no solo le da agua potable, energía y gas a sus habitantes sino calles pavimentadas, en Medellín es noticia un hueco en Manrique una de las arterias del centro de la ciudad. Medellín, como fruto de esas alianzas público-privadas, tiene transporte público (metro, tranvía, teleféricos, y escaleras eléctricas de largo alcance).
En 2010 los antioqueños, EPM, el IDEA que es la banca de segundo piso de los municipios antioqueños y la Gobernación de Antioquia se embarcaron en la construcción de la Hidroeléctrica Ituango. Esa parte ya es historia conocida.
Ahora el alcalde Daniel Quintero, en una extraña actuación ha tomado la decisión de romper el esquema de cooperación con el empresariado antioqueño rompiendo de un tajo las bases de la alianza entre lo público y lo privado. No soy quien para evaluar la decisión que lleva al alcalde a iniciar un proceso de litigación con los constructores de Ituango. No tengo suficiente información para analizar los resultados de las inversiones de EPM en Chile y en Panamá, que el alcalde Quintero utiliza como ejemplos para cuestionar las actuaciones de la junta directiva de EPM.
Pero la forma si es altamente cuestionable y parece perjudicial porque rompe un esquema en el que las empresas del grupo empresarial han sido exitosas porque sus juntas son deliberantes y participan en las decisiones. La ruptura del alcalde de Medellín con el empresariado no radica en la decisión de demandar, o la de cambiar al gerente de Ruta N. No la ruptura se da porque el señor alcalde, montado en una “popularidad demostrada en las encuestas” decidió pasarse por la faja la capacidad deliberativa y la participación de las juntas directivas en las decisiones.
Anuncia el alcalde Quintero el nombramiento de nuevos miembros de la junta de EPM. A este requesonero no le convence el nombramiento de Alberto Preciado que está en todas las juntas de las empresas de los Santodomingo por matrimonio, no por sus profundos conocimientos empresariales. Tampoco el de Sandra Suarez, gerente de Semana y a quien Quintero califica de ambientalista y empresaria. Los ambientalistas dicen que no es ambientalista, aunque fue ministra de ambiente de Uribe y un reconocido periodista de Semana dice que “llevaba a Semana al iceberg”. El tercer nominado es el exmagistrado Jorge Iván Palacio. ¿Empresarios?
A todo esto, en mi léxico se le dice una alcaldada.
