Afortunadamente la vida ahora me permite estas licencias, regreso después de cinco semanas de vacaciones totales, o casi totales. Han pasado muchas cosas. Me encuentro un país convulsionado en medio de unas conversaciones de paz que van perdiendo el sentido.
De pronto se me ocurre que los colombianos no quieren la paz.
Solamente así se explica uno el que el premio a la voluntad de diálogo del Gobierno sea la protesta social violenta, en todas las regiones y en todos los sectores, apoyada por el encuentro de la extrema derecha y de la extrema izquierda que ven en ella la oportunidad para favorecer sus apetitos electorales con la desgracia de las comunidades que sufren los bloqueos y los saqueos de la infraestructura.
Se entiende que el polo democrático en cabeza del senador Robledo, promueva y organice esas protestas, ese es su juego político.
El polo ha demostrado su total incapacidad de gobernar en tres administraciones desastrosas para la capital.
No se entiende que el expresidente Uribe salga a defender a los facinerosos que con o sin el aval de Robledo convierten cualquier movimiento de protesta en actos delictivos.
Tampoco se entiende que el Gobierno, habiendo sufrido ya dos descalabros ante la violencia de los paros de los camioneros y de los cafeteros, siga siendo sorprendido con ocupaciones de vías, ataques a la fuerza pública y saqueos y destrozos de la infraestructura como ha sucedido con el paro de los “campesinos del Catatumbo” y de los mineros informales.
Se anuncian varias “movilizaciones para el 19 de Agosto”.
Esperemos que se parezcan más a las marchas de los estudiantes que tumbaron una reforma a la educación a punta de abrazos y no de bombazos. Esperemos que esta vez no vuelvan a coger al Gobierno con los pantalones en la rodilla.
Mientras, continúan unos diálogos que parecen no llevar a ninguna parte. Se evidencia el cinismo de las FARC. En Colombia asesinan a un grupo de soldados, muchos de los cuales recibieron tiros de gracia y en la Habana piden casa, carro, beca, noticiero de televisión y periódico y curules directas en el Congreso, todo esto sin tan siquiera ofrecer pedirle perdón a las víctimas. Cinismo que da pie para un fortalecimiento del discurso guerrerista de la extrema derecha.
Yo he declarado mi decidido apoyo al proceso de paz, pero en una de estas, en el más puro estilo del Gobierno de Santos, meto reversa, me patraseo, me volteo.
Me causa tristeza pensar que los que se han opuesto al proceso acaben teniendo razón. Así sea cuando sus argumentos para oponerse al proceso fuesen equivocados en el mejor de los casos.
El fracaso de los diálogos, nada tiene que ver con el mecanismo de negociar en medio del conflicto.
El fracaso de los diálogos nada tiene que ver con la debilidad del Gobierno.
He ido dejando de creer en la posibilidad de un acuerdo, porque he ido llegando a la conclusión que en todo este proceso, el único que ha actuado de buena fe, es el presidente Santos. Las FARC no quieren la paz. Las FARC quieren la impunidad e instalarse en unas zonas de reserva campesina para seguir delinquiendo. La mala fe de los críticos del proceso va a quedar demostrada cuando nos demos cuenta que este fracasó justamente porque Santos se negó a ceder ante las cínicas pretensiones de las FARC.
La discusión más seria, con mucha intervención falaz y oportunista, eso sí, es la discusión sobre el tema de los efectos de la justicia transicional.
Todos los procesos de resolución de conflictos han estado basados en la verdad, la reparación, el perdón y el castigo a los crímenes de lesa humanidad.
No he creído ni por un instante las tesis de la extrema derecha encabezada por Álvaro Uribe y por el procurador Ordoñez, fielmente cacareada por los precandidatos del puro cuento democrático y por sus voceros en los medios de comunicaciones.
No creo que al otorgar salvoconductos para que los guerrilleros viajaran a la Habana a participar en el proceso se estuviese otorgando una impunidad.
No creo que el Marco para la Paz, sea un marco para la impunidad. Me parece que esos argumentos tergiversan el debate porque son falsos.
Es cierto que todo proceso de paz, que toda desmovilización genera ciertos niveles de impunidad, para la muestra un botón.
Hay por lo menos siete mil desmovilizados en el proceso de paz con las AUC que no tuvieron que rendirle cuentas a nadie y que hoy pertenecen a las bandas criminales que azotan el país.
Por otra parte hay un grupo importante de líderes paramilitares que pagan condenas en el marco de la ley de Justicia y Paz o que fueron extraditados. El país todavía no ha logrado definir si ese proceso de paz fue exitoso o no. Quedan muchas dudas.
Lo cierto es que Mancuso y los demás no fueron sometidos. Ellos negociaron. Para que firmaran hubo concesiones. Por medio de la ley de Justicia y Paz los blindaron contra la acción de la Corte Penal Internacional.
La figura de la extradición le ha permitido a muchos de ellos pagar condenas por narcotráfico en los Estados Unidos y evitar responder por los crímenes de lesa humanidad que cometieron en Colombia. Si uno acepta la tesis que el movimiento paramilitar se fraguó con el amparo de las élites y del Estado, uno debe aceptar que esa fue una negociación entre “amigos”.
Los líderes de las FARC no se sienten derrotados ni sometidos. Las FARC son el enemigo.
Y para las FARC, la clase dirigente y el Gobierno son el enemigo. Un enemigo al que ocho años de acción decidida de un Gobierno con recursos militares y económicos considerables, no lograron someter.
En su cinismo los líderes de las FARC interpretan la voluntad de diálogo del Gobierno como muestra de debilidad. En eso coinciden con su archienemigo Álvaro Uribe. Ellos creen, como Uribe, que el proceso de paz es para darles la impunidad. Lo malo es que ni el país no está dispuesto a tolerar la impunidad, y Santos lo sabe y no se las va a dar.
Por eso estoy dejando de creer que el proceso de paz tendrá un resultado positivo. Lo grave es que eso le está pasando a muchos. Según las encuestas de la semana pasada la credibilidad en el proceso de paz ha descendido significativamente.