¿Qué vamos a hacer con este Procurador ignorante, lleno de prejuicios cavernarios, plenipotente y agresivamente discriminante?
La pregunta es de mi hija Carolina Urrutia, una mujer seria, profesional, independiente y balanceada. Es especialista en temas ambientales y no es militante de extremos. Defiende lo defensable y arremete contra lo que no lo es.
Es militante permanente del extremo centro.
Yo, que me creo radical, le parezco bastante godo, y les tiene poca paciencia a los mamertos y las demás versiones de la izquierda.
El comentario se refiere a la campaña que el procurador ordoñez, (otro que como maduro perdió el privilegio de las mayúsculas) viene desarrollando contra los funcionarios del Ministerio de Ambiente (esos si tienen bien ganado el derecho a las mayúsculas) que tratan de cumplir con su trabajo.
El drama que vivimos los colombianos es que el funcionario de quien depende la defensa de muchos de nuestros derechos y la vigilancia sobre el correcto funcionamiento del Estado es un cuestionable y cuestionado personaje.
Las funciones de vigilancia y control que le asigna la Constitución a la Procuraduría General de la Nación le confieren un enorme poder al procurador y a sus delegados.
Quien haya pasado por un cargo público que implique responsabilidad disciplinaria sabe lo que significa una “recomendación de la procuraduría” y el riesgo que conlleva el no seguirla.
Es un mundo normal, ni siquiera ideal, eso es positivo.
La existencia de un sistema de vigilancia y control sobre las acciones administrativas de los funcionarios públicos permite, en principio, asegurar la transparencia y la eficiencia de las actuaciones de quienes administran nuestros impuestos.
Pero, cuando quién concentra semejante poder lo pone al servicio de oscuros intereses ideológicos se pierde el propósito.
La columna de César Rodríguez en El Espectador, denuncia que el procurador utiliza ese inmenso poder para intimidar a los funcionarios que defienden los derechos de las comunidades con la velada amenaza de la destitución, en un complejo caso que las ha enfrentado con una poderosa multinacional.
¿Qué defiende el procurador?
Pues una concepción ridículamente anticuada de rezandero, que expresa en su libro “El nuevo derecho”, según la cual “la defensa del medio ambiente significa que el hombre como centro del universo ha sido desplazado y reemplazado por la madre naturaleza y hasta ha surgido el mito pagano de la Diosa Gaia” es el producto de una peligrosa conspiración.
Hay varios terrenos en los que el procurador ha mostrado su férrea decisión de cargar su investidura con posturas ideológicas muchas veces contrarias al ordenamiento jurídico que juró proteger.
Por decisión de la Corte Constitucional, totalmente acorde con las normas y procedimientos, en Colombia hay una serie de factores que hacen que la interrupción del embarazo sea legal.
Al procurador no le parece, arremete y amenaza a los funcionarios públicos del sector salud, afortunadamente con los médicos privados nada puede.
Por decisión de la misma corte e indecisión del Congreso — qué raro — las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio ante un juez o un notario si el funcionario respectivo acepta “casarlos”. El procurador arremete.
En Colombia, como en toda nación civilizada, las personas son inocentes hasta que una autoridad judicial las declare culpables.
Mientras los que robaron a sus clientes en Interbolsa no sean juzgados y procesados, son inocentes.
Mientras Andrés Felipe Arias no sea condenado en un juicio, es inocente.
Y así nos parezca detestable, mientras Timochenko y Catatumbo y Marquez y todos los demás comandantes de las FARC no sean condenados por un juez por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues son inocentes.
Hay que juzgarlos. No se vale no juzgarlos. Sus crímenes y los que ordenaron no pueden quedar impunes.
Pero tampoco se vale condenarlos como lo ha hecho el procurador varias veces sin que medie proceso alguno. Tan solo ayer dijo mondo y lirondo que el fiscal no quiere reconocer que los comandantes de las FARC han cometido crímenes de lesa humanidad.
Que nos muestre las sentencias.
Yo más que muchos conozco, de primera mano, la explotación, el maltrato y las violaciones a que son sometidos las niñas y los niños forzosamente reclutados por las FARC, y por todos los actores del conflicto.
Soy plenamente consciente que eso constituye un delito de lesa humanidad, pero a los presuntos responsables hay que juzgarlos y si son culpables condenarlos.
Ya veremos que castigo determina la sociedad.
Cualquiera de mis amigos que no esté ungido con la dignidad de ser el Procurador General de la Nación, puede decir una y mil veces que Timochenko o Marquez o Catatumbo han cometido y ordenado crímenes de lesa humanidad.
Pero el señor ordoñez no lo pude hacer, su investidura lo obliga a esperar los veredictos y las decisiones de los entes del poder judicial.
Al procurador no le gusta el aborto ni el matrimonio igualitario.
Le tocó aguantárselos porque la Corte los autoriza. No puede pasarse la ley por la faja y andar amenazando funcionarios. Ni él ni su delegada para la infancia y la familia, que debería ocuparse de los niños, de las niñas y de los miles de mujeres maltratadas en lugar de andar haciéndole la sucia tarea al rezandero.
El procurador quiere que Uribe CD gane las elecciones, perfecto, que vote por él.
Pero no puede tratar de meter la mano, para favorecer a Uribe, en las decisiones del Consejo Nacional Electoral con veladas recomendaciones al Registrador del Estado Civil que es un funcionario sometido a su vigilancia.
Tampoco tiene derecho de amañar, como aparentemente lo está haciendo, la Ley de Garantías electorales para frenar la re elección del Presidente Santos. Menos aun cuando tales acciones las lleva a cabo por intermedio de su procuradora delegada encargada de esa área.
No estoy defendiendo el aborto, ni el matrimonio gay. Mucho menos a quienes son presuntos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
De pronto voto por Uribe DC, de pronto no. Mis opiniones son mías y las expreso.
El procurador tiene derechos a tener sus opiniones. Tiene derecho a expresarlas.
Lo que no debe, no puede hacer es tratar de imponerlas por encima del ordenamiento jurídico.
Me parece que Carolina se ha quedado corta de epítetos.
Yo he llegado a pensar que el señor ordoñez le abriría investigación disciplinaria con pliego de cargos al Papa Francisco por la gravísima falta de despegarse de la doctrina de la fe y preguntarle a los católicos que qué opinan del aborto y del matrimonio entre personas del mismo sexo.
